Proponen castración química voluntaria, aumento de penas y creación de registro de violadores.
La realidad del abuso sexual que afecta a menores de edad en el país es insostenible.
Yuliana Samboní tenía siete años cuando Rafael Uribe Noguera la secuestró, torturó, violó y, finalmente, la mató. El caso estremeció a la sociedad colombiana hace casi dos años y generó una indignación sin precedentes en un país quizá demasiado acostumbrado a la violación de derechos de sus menores. En ese momento, Medicina Legal alertó que el 70 por ciento de este tipo de delitos ni siquiera se denunciaba. En otras palabras: Yuliana fue solo la punta del iceberg de un problema más grande y profundo.
El 31 de diciembre del 2016, menos de un mes después del asesinato de la niña, un hombre violó a un pequeño, esta vez de nueve años, en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación informó de la captura del presunto violador, un vendedor ambulante de la zona. Sin embargo, la noticia pasó casi inadvertida en los medios de comunicación. Solo ese año, según datos de esta institución, 48 menores de edad fueron violados cada día.
Esta semana, en un intento por frenar las cifras monstruosas, se aprobó en la plenaria del Senado el proyecto de ley que permitiría la castración voluntaria de violadores de menores de edad una vez hayan cumplido su condena y si ellos así lo deciden. La propuesta incluye, además, un endurecimiento de las penas para estos delitos de hasta 41 años de prisión sin beneficios, que duplica las que concibe el Código Penal, y la puesta en marcha de un registro nacional de violadores y abusadores sexuales que operaría en todo el territorio, con monitoreo permanente de estos individuos a cargo de la Policía Nacional.
El objetivo detrás del proyecto es fortalecer la cadena de acontecimientos que se origina desde que el violador es condenado hasta que sale de la cárcel para reinsertarse en la sociedad.
“En Colombia no existen mecanismos de seguimiento para estos delitos. ¿Qué pasa con esa persona cuando cumple la condena? Queremos que el tratamiento que reciba sea integral. Primero, endureciendo las penas para prevenir la reincidencia, que ocurre en un 70 por ciento de los casos. Segundo, garantizando un acompañamiento psicológico adecuado en prisión. Luego, brindando la opción de la castración química y su suministro gratuito del Estado, y, por último, que las autoridades lleven un registro para monitorear a estas personas, su lugar de residencia, a que se va a dedicar, todo”, explica a EL TIEMPO Maritza Martínez, senadora del partido de ‘la U’ y autora del proyecto de ley.
La próxima semana el documento pasará a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y, una vez supere ese filtro, se discutirá en la Plenaria del Congreso para su aprobación final. “Estamos tranquilos porque el proyecto ha recibido el apoyo de todos los partidos, no exento de un debate profundo, pero la votación ha sido unánime”, cuenta la senadora.
La castración química, que ya se emplea en varios países como Estados Unidos, es un tratamiento médico destinado a inhibir el deseo sexual por medio de la reducción de los niveles de testosterona. No ocasiona un cambio permanente en el cuerpo porque no se trata de un proceso de esterilización; los efectos cesan en el momento que el usuario deja de tomar los medicamentos. El más conocido es la Depo Provera, un progestágeno aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), que se utiliza en algunos estados para reducir la conducta sexual de los agresores una vez condenados.
Para el registro de violadores que se pretende implementar con esta ley también se ha tomado como referencia el que rige en Estados Unidos. Una vez que el delincuente cumpla su condena, las autoridades policiales deberán actualizar datos de empadronamiento y hacer un seguimiento permanente de su día a día.
De esta forma, se busca evitar, como sucede en el país norteamericano, que el violador fije su residencia cerca de otras en las que viven menores o que desempeñe un trabajo que le permita tener contacto directo con ellos. También incluye la posibilidad de equipar al violador con un dispositivo electrónico para garantizar su monitoreo permanente. Sin embargo, como indica Martínez, se trata de simples recomendaciones porque será el próximo Gobierno el que deberá reglamentar esta herramienta y asignarle unos presupuestos en los siguientes seis meses a la entrada en vigor de la norma, en caso de convertirse en ley de la República. Problema estructural
La realidad del abuso sexual que afecta a menores de edad en el país es insostenible. Así lo confirman varios expertos consultados por este periódico. Solo en el primer trimestre del 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contabilizó 2.855 casos (32 al día). En todo el 2016 fueron 10.141 y en el 2017, 11.320.
Este es el tipo de violencia con mayor número de procesos administrativos abiertos por el organismo de los 5.870 en vigencia y que también incluye el maltrato físico, psicológico y negligencia de los padres en el cuidado de sus hijos.
Según el Código Penal, mantener relaciones sexuales con menores de 14 años es un delito, aunque el niño lo consienta. Aún así, los casos de embarazo adolescente en madres que no superan esa edad persisten, alerta un informe de Profamilia, la embajada de Canadá y la ONG Plan, publicado en marzo del 2018. El estudio concluye que el 49 por ciento de ellas tuvo un hijo producto de una relación con hombres seis años mayores; el 19 por ciento, 10 años mayores; y un 5 por ciento con hombres 20 años mayores.
“El abuso sexual infantil ha aumentado un 22 por ciento si se compara con el mismo periodo del año pasado. La mayoría de agresiones se cometen en el ámbito intrafamiliar entre semana, sobre todo los miércoles, entre las 12 y las 6 de la tarde, cuando los niños vuelven del colegio, y contra menores entre los 10 y los 14 años”, explica Carlos Valdés, director de Medicina Legal.
El abuso sexual infantil ha aumentado un 22 por ciento si se compara con el mismo periodo del año pasado. La mayoría de agresiones se cometen en el ámbito intrafamiliar entre seman
Cabe entonces preguntarse si las medidas que propone el proyecto de ley (endurecimiento de las penas, la castración química voluntaria y el registro) serán suficientes para, por un lado, hacer frente a esta vulneración sistemática de derechos de la que son víctimas miles de menores en todo el territorio y, por otro, disuadir a los potenciales violadores de cometer el crimen.
Para Luis Prada, médico forense con 26 años de experiencia como perito en delitos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la castración química es un error porque no soluciona el problema estructural, y tacha esta disposición de ingenua: “Del Estado no se puede esperar el mismo comportamiento degradante que practica el criminal con su víctima, sino justicia. Necesitamos incidir en la prevención, que las familias identifiquen los factores de riesgo antes y denuncien, porque es en ese contexto en el cual se genera fundamentalmente la violencia en la sociedad. Y, por supuesto, visibilizar estos casos, darles voz a los niños”.
En lo que va del año, Prada ha participado en 100 investigaciones criminales de este tipo con víctimas que, en promedio, no superan los 10 años de edad.
Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños ha sido víctima de abuso sexual. Hay veces que el menor lo relata de todas las maneras y contamos con funcionarios sordos y fiscales sobrecargados
De la misma opinión es Isabel Cuadros, psiquiatra y directora de la Fundación Afecto, para quien el proyecto de ley “juega a remediar” porque la castración química va a depender de la voluntad del condenado para mantener o no el tratamiento. Asegura que el problema no son las cifras, porque “ni son demasiado altas en comparación con otros países ni se ajustan a la realidad”. Dice que a nivel mundial –también en Colombia– solo se denuncia entre un 10 y un 20 por ciento y el otro 80 queda impune.
El verdadero drama es la falta de garantías para que esos casos lleguen a la Fiscalía, se investiguen de forma adecuada y que el agresor reciba una condena ejemplar e indeterminada, hasta que un comité de expertos confirme que, efectivamente, está rehabilitado.
“Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños ha sido víctima de abuso sexual en el país. Hay veces que el menor lo relata de todas las maneras posibles y contamos con funcionarios sordos y fiscales sobrecargados”, denuncia.
Valdés tilda la medida de ridícula: “El violador sexual es un producto social, no de un trastorno hormonal. Son personas que a su vez han sido violentadas de niños y reproducen su tragedia”.
El violador sexual es un producto social, no de un trastorno hormonal. Son personas que a su vez han sido violentadas de niños y reproducen su tragedia
En cuanto a la pertinencia de poner en marcha un registro nacional de violadores, la valoración de los expertos es positiva, aunque con matices. En palabras de Prada, se trata de una forma de aislamiento del criminal sin necesidad de estigmatizarlo de por vida y que será útil a la hora de tomar decisiones informadas. Cuadros, por su parte, insiste en la idea de incluir el monitoreo constante de estos individuos a través de un chip, además de impedir que tengan contacto directo con niños en su lugar de trabajo.
Todos coinciden en que el incremento de las penas hasta los 41 años sí puede ser un buen mecanismo de disuasión para los agresores, pero advierten que cualquier legislación será inútil si no se incide en la educación que reciben los niños y adolescentes en los colegios en todo lo que se refiere al reconocimiento de sus derechos y el respeto a su propia integridad y dignidad.
