Para ese certamen deportivo el país gastó 120.000 millones de pesos en diseñar y construir 11 escenarios deportivos que nunca estuvieron listos. Hoy, compiten por la medalla de oro de los elefantes blancos de Colombia.
Mientras en la historia deportiva del país quedó registrado que los XX Juegos Nacionales se realizaron en Chocó y Tolima en noviembre pasado, lo que aún está por escribirse es el fracaso que las justas les dejaron a los habitantes de Ibagué. Y no precisamente por el desempeño de sus deportistas.
La ciudad musical fue designada en 2014 para ser la sede de 31 deportes, pero, días antes de la inauguración, Coldeportes decidió trasladar la mayoría a otras sedes porque los escenarios no estaban terminados. Disciplinas como atletismo, squash, patinaje y BMX se realizaron en varias ciudades, mientras otros deportes, como el tenis, terminaron en escenarios alternos en el departamento.
La decepción de los ibaguereños fue grande. No pudieron ver las competencias, salvo la inauguración realizada en el estadio Murillo Toro, uno de los pocos que se terminaron. Y los demás escenarios que les prometieron, que iban a ser los mejores del país, están en cimientos o solo son hierro a la vista y barro.
Lo increíble es que era previsible este final. Todo comenzó mal desde la partida. Para las justas en la ciudad se decidió adecuar dos grandes complejos. Para el primero, conocido como Parque Deportivo, se diseñaron nuevos escenarios de atletismo, canchas de tenis y squash, BMX, ‘tejódromo’, patinódromo, estadio de sóftbol; un complejo acuático y un coliseo mayor para 7.000 personas que sería la sede de baloncesto, voleibol y microfútbol. Y en el segundo, la Unidad Deportiva Calle 42, se decidió remodelar las piscinas y un coliseo, además de construir un nuevo edificio para artes marciales y parqueaderos. Estas dos megaunidades deportivas, cuyos costos se estimaron en 120.000 millones de pesos, fueron financiadas por Coldeportes, la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.
El entonces alcalde, Luis Rodríguez, determinó que el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), en cabeza de Carlos Ángel, era la entidad competente para realizar las licitaciones y manejar los recursos, a pesar de su poca experiencia en estos temas. Para realizar los diseños, la entidad escogió a la Sociedad Técnica y Proyectos S. A. (Typsa) que firmó un contrato por 11.500 millones de pesos. Lo increíble es que este trabajo no contó con interventoría y desde ahí ya se veía venir un gran problema. Las empresas encargadas de ejecutar las obras manifestaron a la actual Alcaldía que muchos de los diseños estaban mal hechos y que algunos, como los de la electricidad, se entregaron tarde. Como si esto fuera poco, no se tuvieron en cuenta los imprevistos, lo que generó costos adicionales. La Contraloría General actualmente adelanta un control excepcional del contrato de Typsa.
En la etapa de adjudicación de las obras las cosas empeoraron. La licitación de la Unidad Deportiva Calle 42, por 39.000 millones de pesos, fue entregada al Consorcio Unidad Deportiva, conformado por las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos, Traventi Ingeniería y Diseño e Ingeniería Especializada. El representante legal era Jorge Alexander Pérez Torres, conocido como el Chatarrero, quien no contaba con experiencia en construcción de infraestructura y hasta ese momento solo tenía contratos con la Alcaldía de Bogotá que no superaban los 58 millones de pesos para servicios de trasteo y compra de chatarra.
El contrato se ha ejecutado en un 41 por ciento y únicamente se remodelaron el coliseo y las piscinas. Además de la lentitud se encontraron problemas de calidad en lo ya realizado. Como si esto no fuera suficiente, la interventoría, que debe supervisar y vigilar las obras, termina su contrato en mayo de este año mientras que el de construcción vence en junio. Además, algunos funcionarios aseguran que constantemente advirtieron al exalcalde Luis H. Rodríguez acerca de incumplimientos de la constructora, pero sus clamores fueron ignorados.
Y la suerte para terminar el nuevo complejo Parque Deportivo no fue distinta. La Unión Temporal Parque Deportivo, cuyo representante legal era Gerardo Benavides, amigo del Chatarrero, ganó la licitación de 77.476 millones de pesos. Este contrato tuvo adiciones por 8.000 millones de pesos, la obra está en un 37 por ciento y es difícil creer que allí se han invertido cerca de 20.000 millones de pesos en anticipos. El patinódromo, que está en un 69 por ciento, es el escenario más adelantado. Y de las otras ocho obras solo hay estructuras incipientes e irreconocibles, donde el olvido ha hecho que se pierda lo poco que se adelantó.
La premura de llegar a tiempo a los Juegos Nacionales hizo que, en la que sería la joya de Ibagué, cambiaran los materiales. Lo que inicialmente debía ser concreto, como las gradas, se convirtió en estructuras de hierro, lo que generó un sobrecosto.
Los constructores dejaron las obras tiradas, no les pagaron a los trabajadores ni a la vigilancia, que la nueva Alcaldía tuvo que asumir. Lo increíble es que, según el actual alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, la interventora del Parque Deportivo recibió como hechas obras que no existen. “Ahora a las empresas les interesa prepararse más para lo legal que cumplirle a la ciudad”, dijo el mandatario a SEMANA.
Frente a todo lo ocurrido, el alcalde le envió una carta al fiscal general en la que deja en claro cómo los contratistas se habrían aliado para quedarse con las licitaciones. “Vi con incredulidad cómo el señor Juan Ramón Hernández Gómez, representando a la Unión Temporal Parque Deportivo, manifestó que efectivamente se habían reunido con el Chatarrero para supuestamente negociar la adjudicación del contrato por fuera de los procedimientos establecidos en el Estatuto de Contratación”. Incluso, dijo que representantes de la Unión Temporal le manifestaron tener pruebas suficientes para que la Fiscalía adelantara procesos penales contra el exalcalde Rodríguez, pero cuando fueron al ente investigador en Bogotá, no aportaron ninguna prueba.
La situación de los escenarios deportivos de Ibagué no para de complicarse. Coldeportes decidió no renovar los convenios con la Alcaldía para terminar las obras y pidió que le devolvieran los dineros no ejecutados. Según las cuentas de Jaramillo, hay 55.000 millones de pesos que deberán repartir entre Coldeportes, la Gobernación y el municipio. Si esto ocurre, el alcalde advierte que las obras quedarán abandonadas y los sobrecostos serán mayores.
El saliente director de Coldeportes, Andrés Botero, aseguró que frente a lo ocurrido es necesario que le entreguen los estudios de lo que se hizo, de qué pasó realmente y les devuelvan los recursos no invertidos. Y frente a cualquier responsabilidad dijo que “siempre estuvo una persona de Coldeportes que hacía seguimiento a las obras, pero nosotros no generamos los contratos. El responsable directo es la Alcaldía”.
Así el alcalde logre mantener los 55.000 millones, aún le quedarían faltando al menos 30.000 millones más para terminar las obras. Y además, debe resolver el problema con los actuales contratistas. Jaramillo tiene el reto de terminar los escenarios deportivos, la Nación se comprometió a ayudar, pero no se sabe cómo lo hará. Lo único claro es que pasarán años para que los ibaguereños y el país puedan disfrutar de estas obras que se convirtieron, quizás, en los elefantes blancos más grandes de la historia reciente de Colombia.
