Así lo demuestra un estudio de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial, que examina el comportamiento de la justicia en el 2013.
Alarmantes y crecientes siguen siendo los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes. Es el diagnóstico de una sociedad que va perdiendo el respeto por algunos de sus valores más preciados, entre ellos los menores. Más preocupante aún es que la justicia enfrente tantos obstáculos para castigar a los responsables, como lo demuestra un estudio de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial revelado hace poco. El 38 % de los casos la Fiscalía se ve impedida para avanzar en las investigaciones por no ser capaz de identificar a la víctima o al victimario, dice la investigación.
El informe analiza el funcionamiento del poder jurisdiccional en el 2013, especialmente, en materia de violencia sexual contra niños y adolescentes. Allí se indica que 7.780 procesos fueron archivados en la fase de indagación, lo que equivale al 81 % de las causas penales relacionadas con delitos de esa naturaleza que se iniciaron por esa época.
Si bien hay casos en los que la Fiscalía decide no continuar con el curso de los procesos por falsas denuncias o por encontrar que los hechos denunciados no se acogen al concepto de violencia sexual, también hay algo de incapacidad en los funcionarios a cargo. Según el estudio, el 15 % de los archivos obedece a la imposibilidad de establecer quién es el agresor y el 23 % por no lograr encontrar a la víctima.
Son demasiados retos y, al parecer, no tan notables los avances de la justicia en este campo. En el período analizado el organismo investigador recibió 17.484 noticias criminales de probables abusos y otras agresiones sexuales contra menores, de las cuales solo 9.611 fueron evacuadas.
Además, en el 2013 solo se produjeron 1.009 condenas por hechos como este, es decir, apenas el 11 % del total reportado ante las autoridades judiciales. En el mismo período se produjeron 398 absoluciones, 296 actos de preclusión y se le imputaron cargos a 1.196 personas sospechosas de haber agredido la honra y la identidad sexuales de niños y adolescentes.
En aras de establecer un diagnóstico sobre la capacidad de la justicia para combatir la violencia sexual, la Unidad tomó una muestra representativa, en la que identificó las características de las víctimas y de sus victimarios. De los 325 casos de observación que tuvo a su haber inicialmente, sorprende que 97 de ellos se adelantaban ante el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que demuestra la alta participación de los propios menores de edad en la comisión de delitos contra la integridad sexual.
Sin embargo, cabe precisar que el organismo excluyó de su informe varios de estos procesos. Al final, tuvo en cuenta una muestra de solo 179 casos, en los cuales el acto sexual abusivo con menor de 14 años tuvo una incidencia del 57 %. En todos ellos el presunto responsable fue un hombre; en el 79 % las víctimas fueron del sexo femenino, en el 80 % del masculino y en el 1 % no fue posible identificar el género de los afectados.
Otro de los resultados que impacta es que el 74 % de los victimarios se ubican entre los 14 y los 18 años de edad, lo que refuerza la preocupación en torno a la partición de los adolescentes en episodios tan dolorosos como estos. Los niños de entre 2 y 17 años fueron los principales blancos de las agresiones, un 22 % de la muestra.
El informe indica además que en varias de las violaciones y abusos examinados se ejecutaron otras conductas contra los menores. La más común fue el incesto, pero también tuvieron lugar otras no menos reprochables como el hurto, las lesiones personales y la violencia intrafamiliar.
El análisis de casos puso en evidencia que los vecinos, padrastros y familiares son algunos de los más frecuentes victimarios de los niños. En estos expedientes, los menores fueron agredidos sexualmente por sus vecinos en el 21 % de los casos. por sus padrastros en el 13 %, por alguno de sus tíos en el 9 %, por uno de sus primos en el 8 %, por sus hermanos en el 7 % y por su padre o madre en el 4 %.
Al final, quedan varias preocupaciones. La primera es la altísima frecuencia con la que se producen estas conductas y las dificultades que la Fiscalía y los jueces han encontrado para impartir justicia. Tampoco hay que obviar la participación de los propios menores de edad en las agresiones ni los motivos que llevan a que sea precisamente el entorno familiar el escenario donde niños y adolescentes están más expuestos.
