Colombia ya tiene dos especies en peligro de extinción por cuenta del tráfico.
Un agente de la Policía carga un ocelote incautado en Cúcuta. Estaba en una casa junto con otro ejemplar de la misma especie y un tucán, que fue hallado muerto.
Una lora frentiamarilla, en una caja proveniente de Valledupar, y 40 huevos de tortuga galápaga y un armadillo muerto, en paquetes enviados desde los Llanos, fueron hallados por la Policía en la terminal de transporte de Bogotá el pasado puente de Reyes.
El 10 de diciembre, en Cúcuta, fueron decomisados dos ocelotes que estaban en una vivienda, en la que se encontró, además, un tucán muerto. Exactamente un mes antes, la Policía Ambiental de Medellín encontró tres boas constrictoras en una encomienda que llegó en un bus desde Magangué. Y en operativos, ese mismo día, en vías del Cesar, fueron incautadas 67 aves entre tucanes, mirlas, canarios y loros.
Esta es solo una muestra de la frecuencia con la que en Colombia se cometen delitos contra la fauna silvestre.
De hecho, a mediados de diciembre fueron capturadas cuatro personas en operativos en Bogotá y Cartagena que hacían parte de una red de tráfico que comercializaba especies exóticas y fauna silvestre a través de WhatsApp. La banda fue intervenida luego de que agentes encubiertos de la Policía y la Fiscalía accedieron a los grupos de mensajería instantánea ‘Faunatic’ y ‘exotic Colombia’, donde se ofrecían tigrillos, búhos, serpientes, monos, babillas y otros, por precios que llegaban hasta 1’300.000 pesos.
De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico (Siedco Plus) de la Policía, en todo el 2020 se rescataron 19.609 animales de fauna silvestre víctimas del tráfico y tenencia ilegal, o que sufrieron accidentes o estaban en situaciones de peligro, esto equivale a un promedio de 54 cada día
La gravedad de estas conductas no solo radica en la afectación directa que sufre cada uno de los animales que es traficado, sino en el desequilibrio que crea en los ecosistemas y la amenaza que genera a la subsistencia de las especies.
De hecho, según Wildlife Conservation Society (WCS), en Colombia el tráfico es el principal responsable de que la tortuga terecay (Podocnemis unifilis) y la rana venenosa de Lehmann (Oophaga lehmanni) estén en peligro alto y crítico, respectivamente, de extinción.
“Mover o quitar un espécimen abruptamente de estos sistemas genera un desbalance y ese efecto se conoce como defaunación, un proceso que además de afectar las especies también lo hace sobre las interacciones que estas tienen con el hábitat”, explica un vocero de WCS.
Luz Rodríguez, veterinaria y líder de proyectos de biodiversidad de la Universidad CES en Medellín, agrega al respecto: “La fauna silvestre tiene funciones muy importantes e irremplazables en el ecosistema, al sacar estos animales se rompe la cadena trófica, alimenticia y las funciones biológicas que cumplen”.
Mono rescatado por la Policía.
Foto:
Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional
Según la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), las especies de fauna silvestre que son traficadas y se incautan más en el país corresponden, entre los reptiles, a las tortugas hicoteas y matamata, las iguanas y las babillas; entre las aves, al canario, el loro y la guacamaya azul-amarilla, y entre los mamíferos, al mono araña, el mono tití cabeciblanco y el mono cariblanco.
La modalidad de las encomiendas a través de equipajes, cajas y paquetes es una de las formas más crueles y más comunes en el país de traficar animales. De acuerdo con el coronel Jhon Harvey Alzate, director de la Dipro, entre un 50 y un 80 por ciento de los animales que se trafican de esa manera mueren. “Muchos son transportados en motores de carros, y dentro de llantas, carteras, zapatos, cilindros y botellas de plástico”, afirma.
De acuerdo con la WCS, el transporte es una de las tres etapas del proceso del tráfico y la más mortífera, pues los animales son escondidos a veces durante días, sin agua, comida ni aire y, en consecuencia, “mueren por estrés, inanición, deshidratación y asfixia”, asegura la organización. Durante la captura, muchos animales también son asesinados, especialmente hembras que defienden a sus crías. Y en la tenencia es cuando los animales que sobreviven a las dos etapas anteriores terminan sufriendo las mayores afectaciones a su salud.
Según Luz Rodríguez, son víctimas de maltratos que les generan heridas en la piel, amputaciones de extremidades y colmillos, y cortes de plumas; deficiencias nutricionales, entre otras enfermedades, y problemas comportamentales. Todo esto hace que los procesos de rehabilitación cuando estos animales son rescatados o entregados voluntariamente sean difíciles y a veces imposibles.
“Esto no es una actividad que debe ser aceptada culturalmente. Por eso es importante ofrecer alternativas a comunidades que se dedican al tráfico de especies, ahí hay un problema social también por resolver”, dice el vocero de WCS. Y reitera la importancia de que las personas entiendan que, precisamente, al romper las barreras con el medioambiente, es que se propagan enfermedades como el covid-19.
De hecho, Naciones Unidas en su ‘Informe mundial sobre crímenes contra la vida silvestre y los bosques’, publicado en julio del 2020, hizo especial énfasis en que el tráfico de especies amenaza la existencia de estas y la salud humana. “Cuando los animales salvajes son sustraídos de su hábitat natural, masacrados y vendidos ilegalmente, aumenta el potencial de transmisión de enfermedades zoonóticas (...). Estas representan hasta el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes”, dice el documento.Más educación
En el 2020 fueron capturadas 2.405 personas por delitos contra el medio ambiente: 2.294 por delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables -que incluyen fauna y flora-, 108 por maltrato animal y 3 por manejo ilícito de especies exóticas, según datos de la Dipro. En Colombia, las sanciones para estos delitos pueden ser de hasta 9 años de cárcel y las multas, de hasta 10.000 salarios mínimos.
Sin embargo, para Andrés Gómez Higuita, profesional encargado de fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, “la aplicación de la ley es débil”.
“La justicia desincentiva la atención del problema, porque los jueces no consideran importante invertir tiempo en la judicialización de alguien que trafica, por ejemplo, con loros (...). Lo que no ven es que, además de la afectación a la biodiversidad del país, estas conductas son trasnacionales y están unidas a otros delitos como el lavado de activos, narcotráfico, concierto para delinquir”, agrega el vocero de WCS.
Además de la afectación a la biodiversidad del país, estas conductas son trasnacionales y están unidas a otros delitos como el lavado de activos, narcotráfico, concierto para delinquir
Ambos coinciden, en todo caso, en que más allá de las sanciones, hacer pedagogía con las comunidades sobre el impacto de este fenómeno es una prioridad para lograr que quienes tienen fauna silvestre la entreguen a las autoridades ambientales y contribuyan con ello a cortar las cadenas de tráfico.
De acuerdo con Gómez, solo en Antioquia, el Centro de Atención de Fauna del convenio entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad CES había recuperado, al 16 de noviembre pasado, 6.116 animales en lo corrido del 2020, de los cuales 1,6 por ciento llegaron por incautaciones y un 29 por ciento por entregas voluntarias (los demás son rescates por accidentes u otras situaciones); es decir, son de lejos más significativas las entregas que las incautaciones.Es el 4.° tipo de comercio ilegal más grande del mundo
Al presentar los resultados de una operación realizada entre el 14 de septiembre y el 11 de octubre que terminó con la captura de 699 personas en 103 países, Jürgen Stock, secretario general de Interpol, aseguró que el tráfico de fauna y flora silvestres “constituye el cuarto tipo de comercio ilegal más importante a escala mundial”.
“Se trata de un lucrativo negocio ilícito con amplias consecuencias nefastas, no solo para el medioambiente, sino también para la sociedad, la salud pública y la economía mundial”, agregó. Y es que según estimados de esa institución, el comercio ilegal de vida silvestre en todo el mundo mueve unos 20.000 millones de dólares cada año.
La operación Thunder, la cuarta de esa magnitud que realizan Interpol y la Organización Mundial de Aduanas (OMA) desde el 2017, logró la incautación de 45.000 ejemplares de fauna silvestre y forestales vivos. Entre los animales rescatados se encuentran 1.400 tortugas terrestres y acuáticas, además de 6.000 huevos de estas especies; 1.160 aves y 1.800 reptiles. También fueron rescatados 32 chimpancés en Zimbabue, y una tigresa blanca adulta, un jaguar y un cachorro de león de cuatro meses de edad en México.
Pero las incautaciones no solo incluyen especies vivas, las cifras más alarmantes equivalen a productos de contrabando. Por ejemplo, en Camerún, las autoridades recuperaron 187 colmillos de elefantes, esto quiere decir que al menos 94 elefantes fueron asesinados para extraerles esas piezas. En Asia, las incautaciones de escamas de pangolín sumaron una tonelada, para cuya obtención, según Interpol, tuvieron que ser asesinados alrededor de 1.700 pangolines.
La Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó en julio pasado su segundo informe sobre delitos contra la vida silvestre y los bosques, y reiteró el carácter global que tienen estas conductas. “La base de datos World Wise de la UNODC, que contiene información de casi 180.000 confiscaciones, muestra que ninguna especie es responsable de más del 5 por ciento de las confiscaciones; que ningún país es fuente de más del 9 por ciento del número total de envíos y que se han identificado presuntos traficantes de 150 nacionalidades”.
El documento concluye que “los crímenes contra la vida silvestre afectan a todos los países por sus repercusiones en la diversidad biológica, la salud humana, la seguridad y el desarrollo socioeconómico”.
