En educación no se conversa, se manda mediante normas o lineamientos y se pretende que todos obedezcan.
Los gobiernos nacionales y territoriales no pueden seguir improvisando con quienes dirigen el sector educativo. Para empezar el Congreso Nacional está en mora de fijar mediante norma requisitos y condiciones para ser ministro o secretario de educación de entidad territorial certificada.
No se entiende cómo en Colombia, cualquier profesional sin formación específica o experiencia puede ser ministro o secretario de educación, en un sector que incide en la vida de la mayoría de los colombianos. De manera directa más del 50% de la población del país están vinculado con el sector educativo: estudiantes, padres de familia, docentes, funcionarios y proveedores de productos y servicios de las instituciones escolares.
26 años después de expedida la constitución del 91 y las leyes que en los años noventa reglamentaron su desarrollo (ley 30 de 1992 y ley 115 de 1994, entre otras), el país en el año 2017 enfrenta nuevos desafíos, que en ese momento no eran relevantes. Por ejemplo, en el caso de la educación, el país duplicó la matrícula y los recursos del sector.
Además, la educación pasó de tener un problema, el acceso, a por lo menos tres problemas: acceso, permanencia y calidad. Estos conforman un concepto más integral del derecho a la educación. Ya no se trata sólo de ofrecer o conseguir un cupo escolar, también es necesario considerar las políticas que respondan a cómo alcanzar que los estudiantes permanezcan hasta la educación superior (bienestar, felicidad del estudiante y valoración social de la educación) y la calidad de la educación.
Quien dirija el Ministerio de Educación Nacional, MEN, debe considerar que está al frente de una entidad que determina cómo gastar el 15.5% del presupuesto nacional y que las decisiones de política educativa tienen incidencia directa en la vida de la población en edad escolar (5 a 21 años) 14.581.926 de niños, adolescentes y jóvenes para el año 2016 (DANE) y de otros sectores de la población.
También, quien oriente el MEN ayuda a incidir de alguna forma en la matrícula, permanencia y calidad de la educación. En total en el año 2016 el país matriculó 12.442.052 estudiantes desde el preescolar hasta la educación superior. 10.047.618 estudiantes en educación preescolar, básica y media, de ellos 8.086.9871 en el sector oficial y 1.960.631 en el sector privado, el MEN tiene responsabilidad directa sobre el 80,5% del total de la matrícula en estos niveles educativos. Así mismo, la matrícula para la educación superior fue de 2.394.434 estudiantes, 1.194.697 en instituciones de educación superior oficiales y 1.199.737 estudiantes en privadas.
El ministro y los secretarios de educación tienen la responsabilidad, con otros sectores (políticas multisectoriales), de pensar y actuar para vincular al sistema educativo a los más de 2 millones de niños y jóvenes (5 a 21 años) que no asisten a una institución educativa; no es una tarea fácil, allí están quienes habitan en el sector rural y los más pobres del sector urbano.
De otra parte, el Ministerio de Educación ha certificado 95 entidades territoriales (32 departamentos, 5 distritos y 58 municipios). Entidades que dirigen los secretarios de educación, quienes son responsables de administrar y operar la educación preescolar, básica y media. Ellos gastan 20.5 billones de pesos anuales que provienen del sistema general de participaciones, SGP, y más de 3 billones de recursos propios en el pago de nóminas y otros gastos que garantizan el funcionamiento del sistema educativo oficial.
Las entidades certificadas, a través de los secretarios de educación son responsables del funcionamiento de los colegios y de las plantas de personal (seleccionan, nombran, encargan, trasladan y retiran) y de la nómina de los 314.947 docentes oficiales, más los 26.858 administrativos de los colegios oficiales financiados con el SGP.
Otra responsabilidad de ministros y secretarios, quizás la más importante, es que ellos están obligados a tener, además de una gestión de excelencia, un liderazgo participativo y trasformador con quienes trabajan en el sector educativo, para lograrlo se requiere conocimiento y experiencia. Por ejemplo, un docente está muy poco dispuesto a escuchar a alguien que no conoce o improvisa un discurso sobre la educación, sin ningún criterio. Lo normal en Colombia es que los ministros y secretaros de educación tarden un año y más conociendo el sector, para luego empezar a tomar decisiones más o menos informadas.
He mencionado las grandísimas responsabilidades de ministros y secretarios de educación, sin proponer una sola función relacionada con los proyectos educativos institucionales, los planes de estudios, el currículo, los proyectos pedagógicos, la formación de docentes y las facultades de educación.
En el año 2015 estudiaban 186.765 estudiantes programas de educación y se graduaron de pregrado 36.174. En los últimos 5 años Bogotá, el MEN y otras secretarías de educación han financiado más de 10.000 maestrías en educación, esta tendencia se mantendrá en los próximos años, los docentes para ascender ahora requieren de maestría. Por lo anterior, ahora es posible proponer que los ministros y los secretarios de educación deberían tener, por ley, formación en educación a nivel de maestría y experiencia relacionado con el sector educativo, de por lo menos 5 años. Para no continuar con la improvisación en la gestión del sector educativo.
El próximo presidente de los colombianos debería reconocer que directivos, investigadores, docentes y el personal administrativo de la educación superior, media, básica y prescolar demandan un mínimo respeto de los gobiernos nacionales y territoriales en la designación de quienes dirijan el sector educativo, para hechos tan elementales como el simple dialogo entre actores, que hoy no existe. En educación no se conversa, se manda mediante normas o lineamientos y se pretende que todos obedezcan.
