Hay decisiones que parecen técnicas hasta que uno se pregunta quién tendría que vivir con las consecuencias.
El fracking es una de ellas.
Desde Bogotá puede sonar como una discusión sobre reservas de gas, seguridad energética, licencias ambientales, tecnología, porcentajes del territorio o estándares internacionales. Pero cuando uno baja esa conversación del escritorio al territorio, aparecen otras palabras: agua, miedo, empleo, confianza, futuro, comunidad.
Y ahí la discusión cambia.
El nuevo ministro de Ambiente de Colombia, Fabio Arjona, ha planteado una política ambiental que busca concentrarse en tres grandes frentes: agua, biodiversidad y comunidades. También ha dicho que el fracking no se realizaría en todas partes, que existirían zonas excluidas, que las áreas protegidas no deberían tocarse y que, si esta técnica llega a desarrollarse, tendría que hacerse bajo estándares ambientales exigentes.
Sobre el papel, suena razonable.
El problema es que casi todas las grandes discusiones ambientales suenan razonables sobre el papel.
Nadie anuncia que va a contaminar un río.
Nadie presenta un proyecto diciendo que acepta destruir un ecosistema.
Nadie llega a una comunidad prometiendo dejarla peor de como estaba.
Las palabras siempre son responsabilidad, mitigación, compensación, tecnología, monitoreo, desarrollo sostenible.
Y probablemente muchas personas que participan en esos proyectos creen de verdad en esas palabras.
Pero la pregunta difícil comienza después: ¿qué pasa cuando algo falla?
Porque vivimos en un país donde aprendimos, a veces de manera dolorosa, que entre una norma escrita y lo que ocurre en la realidad puede existir una distancia enorme.
Por eso me llama la atención una frase como “el fracking no será en todos los sitios”.
Puede parecer tranquilizadora.
También puede esconder una pregunta mucho más incómoda:
¿en cuáles sitios sí?
Y, sobre todo, ¿quién decide que esos sitios son los adecuados?
Es fácil aceptar un riesgo cuando quien lo asume vive lejos.
Eso pasa en muchas cosas de la vida.
Podemos defender una obra mientras no pase frente a nuestra casa. Podemos apoyar una actividad económica mientras no afecte el agua que toman nuestros hijos. Podemos hablar de sacrificios necesarios cuando el sacrificio lo hará otro.
Ahí aparece una contradicción profundamente humana.
Queremos energía barata.
Queremos empleo.
Queremos crecimiento económico.
Queremos carreteras, hospitales, universidades y oportunidades.
Pero también queremos ríos limpios, aire respirable, comida segura y territorios que puedan seguir habitándose dentro de veinte, treinta o cincuenta años.
Queremos ambas cosas.
Y quizás el error comienza cuando alguien intenta convencernos de que necesariamente tenemos que escoger una sola.
Colombia tiene un reto especialmente difícil porque posee una enorme riqueza natural y, al mismo tiempo, necesita recursos económicos para responder a problemas sociales urgentes.
No somos un país que pueda discutir el medioambiente como un lujo.
Pero tampoco podemos discutir la economía como si la naturaleza fuera infinita.
Fabio Arjona ha defendido justamente la idea de que ambiente y desarrollo no deberían plantearse como enemigos y ha insistido en que la política ambiental debe producir resultados concretos. También ha señalado que la seguridad energética seguirá siendo importante y que actividades como el fracking, de realizarse, deberían estar sometidas a controles estrictos.
Esa tensión me parece más interesante que los extremos del debate.
Porque probablemente resulta cómodo decir simplemente “todo está prohibido”.
Y también resulta cómodo decir “la tecnología lo resuelve todo”.
Las dos posiciones pueden evitarnos una conversación mucho más compleja.
La tecnología puede disminuir riesgos.
Las regulaciones pueden establecer límites.
Las licencias ambientales pueden exigir condiciones.
El monitoreo puede detectar problemas.
Pero ninguna herramienta convierte una actividad humana en riesgo cero.
Y creo que ahí aparece algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos del medioambiente: proteger la naturaleza también implica aprender a convivir con incertidumbres.
El fracking consiste, de manera muy simplificada, en fracturar formaciones rocosas mediante la inyección de fluidos para liberar hidrocarburos atrapados en ellas. Una de las preocupaciones alrededor de esta técnica ha sido precisamente su relación con el uso del agua, el manejo de los fluidos, los posibles impactos sobre acuíferos y otros efectos ambientales.
Arjona ha reconocido que se trata de una actividad que utiliza cantidades importantes de agua y ha mencionado mecanismos de reciclaje, mitigación y compensación como parte de las condiciones que deberían acompañar cualquier eventual desarrollo.
Pero hay una palabra en ese lenguaje que siempre me hace pensar.
Compensación.
Compensar significa aceptar que algo ocurrió.
Uno puede compensar económicamente una afectación.
Puede restaurar otra zona.
Puede construir infraestructura.
Puede financiar proyectos comunitarios.
Pero no todo tiene un equivalente.
¿Cuánto vale un río para la persona que creció junto a él?
¿Cuánto vale un nacimiento de agua?
¿Cuánto cuesta recuperar la confianza de una comunidad que siente que nadie la escuchó?
¿Cuál es el precio correcto de un daño que quizá no se verá inmediatamente sino dentro de varios años?
Hay cosas que pueden contabilizarse.
Y hay otras que, aunque intentemos convertirlas en cifras, siguen escapándose de las hojas de cálculo.
Por eso creo que el debate ambiental necesita algo que rara vez aparece en las grandes declaraciones políticas: humildad.
Humildad para reconocer que no sabemos todo.
Humildad para aceptar que una tecnología puede funcionar bien en un lugar y generar problemas en otro.
Humildad para escuchar a quienes viven en los territorios incluso cuando sus preocupaciones parecen poco técnicas.
Y también humildad para reconocer que la transición energética no ocurre simplemente porque decidamos desearla.
Seguimos dependiendo enormemente de los combustibles fósiles.
Nuestros vehículos, industrias, exportaciones, sistemas de transporte y parte importante de nuestra economía todavía están conectados con ellos.
Cambiar ese modelo requiere tiempo, inversión, infraestructura y decisiones difíciles.
No basta con apagar una fuente energética y esperar que mágicamente aparezca otra.
Pero tampoco deberíamos usar esa dependencia como excusa para aplazar eternamente la transformación.
Quizás ahí está una de las preguntas más importantes para nuestra generación.
Nosotros probablemente veremos buena parte de esa transición.
Crecimos escuchando hablar del calentamiento global como un problema futuro y estamos llegando a la adultez viendo cómo ese futuro se convierte poco a poco en presente.
Temperaturas más extremas.
Sequías.
Incendios.
Lluvias intensas.
Problemas de abastecimiento.
Conflictos alrededor del agua.
Ya no estamos discutiendo solamente lo que heredarán nuestros nietos.
Estamos discutiendo el país en el que nosotros mismos vamos a envejecer.
Eso cambia la conversación.
Durante años hemos vivido bajo una idea peligrosa: que el desarrollo consiste principalmente en extraer más, producir más y consumir más.
Quizás funcionó durante una etapa de la historia.
Pero un planeta limitado no puede sostener indefinidamente una lógica ilimitada.
Eso no significa renunciar al progreso.
Significa preguntarnos qué entendemos por progreso.
Porque una ciudad puede tener edificios modernos y quedarse sin agua.
Un municipio puede recibir regalías y perder sus ecosistemas.
Una región puede producir millones y seguir teniendo comunidades pobres.
Una economía puede crecer mientras destruye aquello que la mantiene viva.
Entonces quizás el verdadero indicador de desarrollo no debería ser solamente cuánto logramos sacar del territorio, sino cuánto somos capaces de producir sin destruir la posibilidad de seguir viviendo en él.
También me preocupa otra cosa.
En Colombia muchos debates terminan convertidos rápidamente en discusiones políticas.
Si alguien cuestiona un proyecto extractivo, inmediatamente puede ser señalado de oponerse al desarrollo.
Si alguien defiende la necesidad de mantener ciertas actividades económicas, puede ser acusado de despreciar el medioambiente.
Y cuando todo se convierte en una batalla entre bandos, dejamos de escuchar.
La naturaleza no pertenece a una ideología.
Un río no sabe quién ganó las elecciones.
Un bosque no distingue entre izquierda y derecha.
Un acuífero no revisa nuestras opiniones políticas antes de contaminarse o conservarse.
Quizás por eso necesitamos conversaciones ambientales menos apasionadas por derrotar al contrario y más interesadas en entender las consecuencias reales.
El Gobierno ha planteado que el eventual fracking se limitaría a áreas específicas, principalmente en zonas de los valles interandinos y del Magdalena Medio, y que no debería desarrollarse en parques naturales ni otras áreas protegidas.
Ese límite geográfico puede ser importante.
Pero para mí hay un límite todavía más importante: la confianza.
Las instituciones necesitan demostrar que pueden vigilar.
Las empresas necesitan demostrar que pueden cumplir.
Las comunidades necesitan tener mecanismos reales para participar.
Y el Estado necesita demostrar que puede detener un proyecto cuando los riesgos superan los beneficios.
Porque una licencia ambiental no debería ser simplemente un permiso para comenzar.
También debería ser la capacidad de decir “hasta aquí” cuando las condiciones cambian.
Eso exige instituciones fuertes.
Y quizá esa sea una discusión mucho más profunda que el fracking.
Podemos tener las mejores normas ambientales del mundo.
Pero si quienes deben vigilarlas no cuentan con recursos, independencia, tecnología o presencia territorial, las normas terminan siendo promesas.
Podemos instalar sensores.
Podemos utilizar satélites.
Podemos diseñar sistemas de monitoreo sofisticados.
Pero al final alguien debe revisar los datos.
Alguien debe investigar cuando aparecen irregularidades.
Alguien debe aplicar sanciones.
Alguien debe responderle a la comunidad.
La tecnología ayuda.
La responsabilidad no puede delegarse a la tecnología.
También pienso en algo que solemos olvidar: las comunidades que viven cerca de proyectos extractivos no son un obstáculo administrativo.
Son personas.
Personas que quieren empleo.
Personas que quieren que sus hijos estudien.
Personas que necesitan carreteras.
Personas que temen perder el agua.
Personas que pueden estar de acuerdo entre ellas o completamente divididas.
Porque tampoco existe algo llamado “la comunidad” como si todos pensaran igual.
En un mismo pueblo puede haber alguien que vea una oportunidad económica y otro que vea una amenaza ambiental.
Los dos pueden tener razones válidas.
Eso hace que la conversación sea mucho más difícil, pero también más humana.
La política ambiental del nuevo Gobierno parece querer moverse justamente dentro de esa tensión entre conservación, economía y presencia estatal. Arjona ha hablado de combatir la deforestación y la minería ilegal, fortalecer el biocomercio, proteger ecosistemas y relacionar la biodiversidad con oportunidades económicas.
Me parece una discusión necesaria.
Porque conservar tampoco puede significar abandonar a quienes viven en territorios ambientalmente estratégicos.
No podemos pedirle a una familia campesina que proteja un bosque mientras vive en pobreza extrema y después sorprendernos cuando encuentra otra actividad para sobrevivir.
La conservación necesita opciones económicas.
Necesita educación.
Necesita mercados.
Necesita infraestructura.
Necesita presencia estatal.
Y necesita que cuidar la naturaleza también pueda convertirse en una forma digna de vivir.
Tal vez ahí está el verdadero desafío.
No se trata solamente de decidir si habrá o no habrá fracking.
Se trata de decidir qué relación queremos tener con nuestros recursos naturales.
Durante mucho tiempo actuamos como si Colombia fuera una bodega llena de cosas valiosas esperando ser extraídas.
Petróleo.
Carbón.
Oro.
Gas.
Madera.
Agua.
Pero Colombia también es algo distinto.
Es un territorio vivo.
Y un territorio vivo no puede administrarse únicamente como inventario.
Quizás podremos extraer algunos recursos de manera responsable.
Quizás habrá lugares donde los riesgos sean demasiado altos.
Quizás algunas actividades tendrán que desaparecer gradualmente.
Quizás aparecerán nuevas tecnologías que hoy todavía no conocemos.
No tengo una respuesta definitiva.
Y sospecho que nadie debería tenerla demasiado rápido.
Lo que sí creo es que cada vez que escuchemos una frase como “no será en todos los sitios”, deberíamos hacer algunas preguntas más.
¿Dónde sí?
¿Por qué ahí?
¿Quién lo decidió?
¿Cómo se medirá el impacto?
¿Qué ocurre si algo sale mal?
¿Quién responde?
¿Puede detenerse el proyecto?
¿La comunidad participó realmente?
¿Estamos resolviendo una necesidad presente o simplemente aplazando una transformación inevitable?
Tal vez una sociedad madura no es aquella que evita todos los riesgos.
Eso sería imposible.
Es aquella que aprende a reconocerlos, discutirlos con transparencia y decidir cuáles está dispuesta a asumir.
Porque al final el medioambiente no es simplemente un tema que pertenece al Ministerio de Ambiente.
Es el lugar donde ocurre todo lo demás.
La economía.
La política.
La familia.
El trabajo.
La comida.
La salud.
La vida.
Y quizá por eso la discusión sobre el fracking debería importarnos incluso a quienes nunca hemos vivido cerca de un pozo.
No porque tengamos que estar automáticamente a favor o en contra.
Sino porque detrás de esa discusión existe una pregunta que tendremos que responder muchas veces durante los próximos años:
¿hasta dónde estamos dispuestos a transformar la naturaleza para sostener nuestra manera de vivir?
Tal vez la respuesta no está solamente en prohibir o permitir.
Tal vez está en aprender algo mucho más difícil: reconocer que cada decisión de desarrollo también es una decisión sobre el futuro que estamos dejando disponible.
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— Juan Manuel Moreno Ocampo
A veces cuidar el futuro empieza simplemente preguntándonos quién pagará mañana por las decisiones que tomamos hoy.
