Las manifestaciones públicas también han sido formas de expresar rechazo contra todo tipo de violencia en la universidad.
Grupos de apoyo en redes sociales, denuncias públicas y hasta mensajes en las paredes son algunos de los mecanismos que han tenido que implementar estudiantes para exigir que se tomen acciones concretas ante las situaciones de acoso o abuso sexual en las universidades del país, que cada vez se hacen más visibles.
Aunque no sabe con exactitud cuál es el tamaño del problema, EL TIEMPO consultó ocho de las principales universidades del país para tomarle el pulso a esta situación. De las instituciones consultadas (Universidad de los Andes, Externado, Nacional de Colombia, Distrital Francisco de Caldas, del Valle, Cauca, Rosario y Pedagógica Nacional), solo la mitad respondió cuántos casos había registrado de acoso sexual y laboral.
De las cuatro que contestaron, el número de casos oscila entre cuatro y 18 quejas en los últimos dos años, que involucran a profesores y estudiantes. Por su parte, la Fiscalía tampoco tiene datos precisos sobre este tipo de sucesos y argumentó que “por el sistema de información que tiene no puede clasificar de una manera tan específica esos datos (delito de abuso sexual en universidades)”.
Aun así, el número de testimonios, a veces anónimos, sigue creciendo. “Me seguía en el campus y me esperaba después de las clases para decirme cosas abusivas. Incluso recuerdo que, una vez, yo estaba en un pasillo, y él me tomó violentamente de los brazos para que lo escuchara y dejara de ignorarlo”, relató una estudiante víctima de acoso, a través de una página de Facebook a la que tuvo acceso este diario.
Precisamente, las redes sociales se han convertido en una herramienta masiva de denuncia. Florence Thomas, activista feminista, explica que, entre otras razones, eso es una consecuencia del movimiento mundial #MeToo, que invita a las mujeres a denunciar sus casos de abuso y acoso a través de redes sociales con dicho ‘hashtag’. “Como es natural, en Colombia, las réplicas a esas tendencias han crecido, y los estudiantes tienen ahora más fuerza para manifestarse en contra de esa violencia contra la mujer”, dice.
Uno de los casos de denuncia más sonados en las dos últimas semanas es el del profesor Freddy Monroy, de la Universidad Nacional de Bogotá, quien en medio de una investigación por presunto acoso sexual a la estudiante Lizeth Sanabria, fue ascendido a profesor titular (máxima categoría). Aunque el hecho no se había dado a conocer públicamente, un documento filtrado en Twitter generó dudas de ese proceso.
Por eso, profesores y estudiantes de esa institución presentaron una carta, con más de 800 firmas, en la que le piden al Consejo Superior Universitario suspender la promoción del docente hasta que se resuelva el caso disciplinario. “Las personas y organizaciones firmantes realizamos esta solicitud dada la contundencia de las pruebas conocidas, y como gesto decidido de la voluntad de las directivas de la universidad de enfrentar decididamente todo tipo de violencia basada en el género, así como el acoso sexual dentro y fuera del campus”, reza la misiva.
Entre tanto, como respuesta a este tipo de casos se han creado diferentes colectivos, sobre todo liderados por mujeres, que buscan visibilizar situaciones de violencia.
Una de estas iniciativas es No es Normal, que se creó en la Universidad de los Andes para dar a conocer dicha problemática. “Iniciamos publicando testimonios en Facebook, y muchas estudiantes comenzaron a sentirse identificadas. Luego nos preguntaban por las rutas de denuncia”, señala María A. Díaz, integrante de la iniciativa.
Esta semana, este colectivo fue noticia debido a un video que circuló en redes sociales y en el que se mostraba a algunos estudiantes leyendo denuncias anónimas en un acto público en la U. de los Andes. El evento, llamado ‘La olla comunitaria de denuncias’, se realizó en el Día de la Mujer y llamó la atención una historia que reveló presuntos acosos de Adolfo Amézquita, actual director de Ciencias Biológicas de esa universidad.
“Esta historia se inició en 2015, cuando vi la materia Fisiología Animal, dictada por el profesor Adolfo Amézquita. Debido a mi gusto por la fisiología, comenzamos a hablar con mayor frecuencia (...). En una salida de campo en el 2016, él me dijo que estaba preciosa por una camisa rosada que estaba usando. Luego, recostados en una roca viendo las estrellas, me tomó una fotografía. Ahí decidí dejarle en claro que no quería tener nada con él, porque para mí él era casi una figura paterna”, reza la historia que leyó un estudiante durante el acto público.
EL TIEMPO se comunicó con Amézquita para conocer su opinión al respecto y negó las acusaciones en su contra. “Jamás tuve ni expresé algún interés personal por ella (denunciante), no recibió una propuesta de mí, jamás una invitación, insinuación ni cualquier otro comportamiento inapropiado de mi parte”.
Luego de las denuncias de presunto acoso laboral y sexual en dicha universidad, Pablo Navas anunció que se realizarán las investigaciones pertinentes.
El de los Andes y la Nacional son algunos ejemplos de lo que han logrado los estudiantes. Según Alba Nubia Rodríguez, directora del Centro de Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, las denuncias por parte de los estudiantes están creciendo porque “hay mayor formación de género, y ese conocimiento lleva a una mayor sensibilización ante esos casos”.
Otro de los colectivos que se han creado para visibilizar ese tipo de violencia es Malva, de la Universidad Nacional, sede Medellín. Manuela Gómez, una de las líderes del colectivo, dice que la falta de acción de la institución en donde estudia es uno de los motivos que la llevaron a ella y a otras dos compañeras a crear un colectivo para “poner en tela de juicio las situaciones, la violencia de género o sexual, que se vive en el plantel”.
Para Gómez, las universidades todavía no saben cómo lidiar con los casos que se empiezan a hacer públicos. Un ejemplo de eso fue lo que ocurrió en el Día Internacional de la Mujer de este año –parecido a lo que pasó en los Andes–, cuando unas representantes estudiantiles de la U. Nacional, sede Medellín, hicieron una actividad de sensibilización e invitaron a los estudiantes a escribir en carteles si habían vivido un episodio de acoso y algunos de ellos pusieron nombres de profesores que presuntamente eran “acosadores” en las instalaciones del ‘alma mater’.
Ante ese hecho, la universidad respondió en un comunicado, dirigido a toda la comunidad educativa, que “el escarnio público no tiene lugar ni como sanción social ni como práctica pedagógica. La justicia, para serlo, tiene que ser objetiva y no puede buscarse por mano propia”, señala el comunicado.
Ante la pregunta de qué deberían hacer las universidades en este tipo de manifestaciones públicas, Rodríguez cree en la necesidad de que exista una entidad que vigile el cumplimiento de los protocolos universitarios.¿Existe una norma?
Una de las alertas que han lanzado los expertos al respecto es que mientras exista una ley sancionada en el 2008, la 1257, que le dicta al Ministerio de Educación que se encargue de velar porque las instituciones de educación superior, implementen políticas y programas para sensibilizar a la comunidad académica en la violencia contra las mujeres.
Sin embargo, por la naturaleza autónoma de las universidades, no hay manera de obligarlas a cumplir creando dichas estrategias. Una de las pioneras en la implementación de una política de equidad de género fue la Universidad Nacional, la cual entró en marcha en el 2012. No obstante, el resto de instituciones todavía tienen esa tarea pendiente, y hasta el momento solo se han diseñado unos protocolos de atención y prevención. “Después de varias situaciones en las que me sentí acosada, nunca intentamos reportarlo a la universidad porque los procesos son larguísimos. Yo siento que realmente no hay una ruta a seguir”, puntualiza una joven que decidió permanecer en el anonimato.Los pasos por seguir: expertos
Teniendo en cuenta que todavía queda mucho por hacer con respecto a los casos de acoso y abuso sexual y laboral en las universidades, este diario consultó algunas voces de expertos sobre cuáles deberían ser los pasos por seguir para enfrentar esta problemática.
"Las violencias contra las mujeres en los ambientes universitarios deben ser identificadas y caracterizadas como un asunto fundamental, ya que estas situaciones repercuten en las dinámicas laborales y se convierten en actos que vulneran los derechos humanos", opina Osana Medina Bonilla, directora del Grupo de Orientación y Apoyo Estudiantil de la Universidad Pedagógica.
Además de identificar los casos, es necesario socializar los derechos de las víctimas y su acompañamiento. “También es una obligación sensibilizar a la comunidad universitaria en los temas de sanción existente y prevención”, señala Deibar René Hurtado, vicerrector de Cultura y Bienestar de la U. del Cauca.
En esos procesos también creen que es clave que haya campañas y estrategias de prevención. “Como parte de estos planes se crean espacios de discusión y reflexión con el objetivo de mantenernos en una constante autoevaluación sobre nuestro actuar frente a este tipo de situaciones”, plantea Ana María Restrepo, decana del Medio Universitario de la Universidad del Rosario.
