Tres madres de familia interpusieron una tutela porque sus hijos fueron agredidos por un compañero que sufre de déficit de atención e hiperactividad. Aunque el niño fue retirado de la institución, la Corte Constitucional aseguró que hubo discriminación y exigió su reintegro.
El caso se registró en Cúcuta, en donde un niño de primaria fue retirado de su colegio, porque a raiz de un transtorno psicológico que padece, perdía el control y agredía a sus compañeros.
No es un secreto que el modelo educativo colombiano no está hecho para las diferencias. A pesar de que la educación inclusiva es un tema cada vez más relevante, en Colombia continúa generando un gran debate. El más reciente caso se registró en Cúcuta, en donde un niño de primaria fue retirado de su colegio, porque a raiz de un transtorno psicológico que padece, perdía el control y agredía a sus compañeros.
Todo empezó cuando tres madres de familia interpusieron una tutela con la intención de que la Secretaría de Educación de Cúcuta realizará el traslado de Juan* a una institución especial, ya que el estudiante era muy agresivo con sus compañeros: “les rompe los cuadernos, les daña (sic) los trabajos (sic), golpea hasta a la profesora, a mi hija la ha agarrado del pelo y hasta la ha arrastrado (sic) por el piso, le toca sus partes (sic) íntimas (…)”.
El menor, que fue diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Trastorno de Oposición Desafiante (TDO), debía ser tratado por sus profesores con un enfoque diferencial. Pues, incluso, su psiquiatra y su neuropediatra le recomendaron a los profesores de sus colegio seguir algunas recomendaciones para controlar su comportamiento agresivo, que en muchos casos, le generaba el medicamente que ingería.
Sin embargo, el colegio no logró costear este tipo de formación. En su momento, el docente titular de Juan aseguró que, a pesar de que seguía las recomendaciones, necesitaba un profesor de apoyo, el cual había solicitado a la Secretaría de Educación de Cúcuta y nunca le fue asignado.
Lo mismo explicó el rector del plantel educativo, quien dijo que, a pesar de que han recibido niños con discapacidad física o cognitiva, no contaban con el personal humano calificado, ni con los elementos de trabajo adecuados para enfrentar este tipo de situaciones. “Casos como estos desbordan nuestra capacidad institucional y profesional”, dijo.
Por su parte, la madre de Juan aseguró que los episodios de agresividad de su hijo se intensificaron, porque el colegio no siguió al pie de la letra las recomendaciones de los especialistas: “En el primer episodio, mi hijo le manifestó a la profesora que no quería seguir copiando, porque estaba cansado y se empezó a molestar, frente a lo cual la profesora le dijo a todos los niños que salieran del salón y estos salieron riéndose y corriendo, lo que le causó más molestia, entonces agredió a la niña que se le acercó”.
En otra ocasión, cuenta la madre, Juan no quiso hacer la tarea y debido a esto, la profesora llamó al coordinador, quien empezó a grabarlo y a tomarle fotos para dejar en evidencia su comportamiento, lo que lo molestó. Esto, a juicio de la progenitora, contribuyó a aumentar la crisis y motivó a su hijo a quitarle el celular al directivo, tirar los pupitres y romper cuadernos.
Frente a lo ocurrido, el juez que revisó la tutela de las tres madres de familia, decidió proteger solo los derechos a la tranquilidad, seguridad, vida y honra de los niños agredidos. Y ordenó que Juan fuera reubicado en otra institución.
Fue entonces cuando la madre de Juan apeló la decisión, ya que consideró que el colegio había discriminado a su hijo, obligándola a llevarlo a un colegio privado para niños con discapacidad cognitiva, el cual no se acoplaba a las necesidades del menor. Pues, la misma psiquiatra del niño aseguró que es un paciente con capacidad intelectual promedio.
No hay que negar que en este tema existen dos realidades complejas: la dificultad que tienen los docentes y el sistema educativo para personalizar la formación y el derecho que tienen todos los niños a recibir educación, sea cual sea su condición.
No obstante, pese a las deficiencias que puedan tener los colegios a la hora de atender a un niño con discapacidad física o cognitiva, tienen la responsabilidad de no rechazar a ningún alumno. Deben, al contrario, ajustar su proceso educativo- desde el currículo hasta la infraestructura-. Así quedó estipulado en el Decreto 1421 de 2017.
Pero, lamentablemente la realidad es otra.No es un accidente que una gran parte de los chicos con necesidades especiales nunca vayan a la escuela: en 2005, 520.653 jóvenes menores de 19 años tenían alguna discapacidad, pero hoy, 13 años después, solo 196.119 están escolarizados.
Conclusión
Por esa razón, la Corte Constitucional revisó el caso y estableció que los derechos de Juan debían ser igual de protegidos a los de los compañeros a los que agredió. Por lo tanto, anuló su traslado de colegio, pues esto fue considerado un acto de discriminación. A su vez autorizó a la madre a matricular a su hijo en la institución de la que lo expulsaron en caso de querer hacerlo.
Y más allá de evidenciar el error cometido con Juan, la Corte también se pronunció respecto al manejo inadecuado que la Secretaría de Educación de Cúcuta le dio al caso. “La entidad debió hacer llamados al colegio para propiciar el diálogo y verificar el cumplimiento de las recomendaciones de su grupo interdisciplinario”.
Finalmente, la madre de Juan solicitó que se dicte un precedente con el caso de su hijo, para que el sistema educativo protega a los niños que padecen transtornos similares y dejen de ser vistos como un problema. También espera que el país diseñe una política de educación inclusiva para evitar que madres de escasos recursos en situaciones similares a la suya opten por la deserción escolar.
