Un proyecto, que está a punto de ser ley, establece que los graduados de derecho no podrán obtener su tarjeta profesional sin antes haber aprobado el examen. Tendrían que demostrar sus competencias y conocimientos adquiridos para ejercer.
Ahora los abogados tendrían que presentar su propio examen de Estado
Hace unos días fue aprobado en la Cámara de Representantes un proyecto de ley con el que se pretende implementar un examen de Estado especial para quienes aspiren a obtener la tarjeta profesional de abogado exigida para litigar. Esta iniciativa empezaría a ser implementada con los estudiantes que se matriculen a partir del momento en que quede sancionada la ley.
El examen estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y los egresados, además de presentarlo, deberán acreditar, en conjunto con los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen directamente o a través de una institución de educación superior que este catalogada como de alta calidad.
De igual forma, como dice el proyecto de ley, si el graduado no aprueba el examen, este podrá presentarlo en las siguientes convocatorias hasta tanto obtenga el porcentaje mínimo exigido.
“Para ser representante de una persona natural o jurídica, para cualquier trámite que requiera un abogado, será necesario contar con la tarjeta profesional, que solo se otorgará a quienes hayan aprobado el examen”, dicta la iniciativa que aún debe pasar por conciliación en las dos cámaras legislativas y posteriormente ser sancionada por presidencia.
El proyecto, que es liderado por los congresistas Germán Varón, Angélica Lozano, Germán Navas Talero, Carlos Abraham Jiménez, Jhon Eduardo Molina y Rodrigo Lara Restrepo pretende garantizar la aptitudes que requiere la profesión en cuanto a su responsabilidad social. "En la medida en que su práctica entraña un riesgo social, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la idoneidad del ejercicio, máxime si se tienen en cuenta las estadísticas de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre los abogados sancionados por faltas contra la ética profesional, muchas veces ocasionadas por vacíos en su formación".
Navas aseguró que “uno de los problemas más graves del país es, precisamente, la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando de las Facultades de Derecho del país. No hay que olvidar que jueces y fiscales también son abogados, y las faltas que estas personas cometen, muchas veces, son ocasionadas por vacíos en su formación”.
Es así como con esta norma se busca la verificación de los conocimientos y competencias mínimas de los egresados de derecho de las instituciones del país para evitar que en su ejercicio afecten los derechos de los ciudadanos.
