Cerca de San José del Guaviare, en la vereda Angoleta, manos criminales incendiaron y talaron parte del bosque. Nadie sabe el uso que pretenderían darle al terreno.
En 2017, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y otras entidades integraron un equipo de ambientalistas que les dictaron una charla sobre legislación ambiental a 20 líderes veredales del Guaviare. El resultado los tomó por sorpresa: los campesinos nunca habían oído hablar de las normas que rigen al respecto y creían que las licencias ambientales o los permisos de aprovechamiento forestal eran compromisos establecidos por el gobierno para firmar la paz con las Farc.
Solo entonces supieron que desde 1974 existe un código que rige el manejo de los recursos naturales en Colombia. Y se enteraron de que cometían un delito al talar árboles sin permiso del Estado, pues hasta el proceso de paz la guerrilla ejercía la autoridad en la zona y regulaba todas las actividades, como la pesca, la caza y demás acciones.
Aunque los campesinos no son los principales responsables, efectivamente el posconflicto aumentó el fenómeno. Agencias y organizaciones ambientales anunciaron desde 2015, por medio de diversos estudios, que la deforestación crecería por cuenta de la salida de la guerrilla de territorios que tuvieron durante medio siglo, porque evidentemente se les dejaría el camino libre a otras formas de ocupación.
Y los efectos se ven en las cifras de los últimos tres años. De 124.000 hectáreas deforestadas en 2015 se pasó a 179.000 en 2016, y a 220.000 en 2017. Y lo peor: desde el año pasado la deforestación está enquistada en el Amazonas colombiano. En los últimos 5 años la región perdió casi 412.000 hectáreas de bosque. El 65 por ciento de la deforestación nacional de 2017 está en esa zona.
Además, como si fuera un virus, el fenómeno muta y se manifiesta de muchas maneras. El mapa de la deforestación incluye carreteras, ocupación de baldíos nacionales, incendios forestales, ganadería, minería y coca, en manos de mafias con gran poder financiero que pagan por ‘limpiar’ terrenos, disidencias de la guerrilla, ganaderos ilegales, terratenientes y bandas criminales. Nada es realmente nuevo, pero se ha potenciado.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, dijo que en el país ya no se habla de tráfico de especies o de madera asociados a la deforestación, sino de actividades criminales, como minería ilegal o acaparamiento de tierras. “Hoy en día, gran parte de los ilícitos en nuestro territorio tienen que ver con la deforestación”, agregó.
Un Estado débil
Si bien el país presencia desde el año pasado los peores ataques contra sus bosques, voces autorizadas del ambientalismo nacional señalan al Estado, por acción u omisión, como parte del problema. Una de ellas, Ángela Andrade, presidente de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), añade los procesos de extracción minera ilegal o de producción de cultivos de uso ilícito como la coca, que existen desde finales de los años setenta.
Andrade hizo énfasis en que mientras crecen los cultivos de palma africana y la minería ilegal, el país sigue viendo al Amazonas como hace 40 años, sin valorar su biodiversidad ni la riqueza cultural de sus comunidades indígenas. “La incoherencia de las políticas permite que con una mano aumenten las áreas protegidas y, con la otra, promuevan el desarrollo agrícola y de vías: actividades no sostenibles que están llevando a la degradación de estos ecosistemas e, igual de grave, de las comunidades indígenas”, añade la experta.
En la misma línea está Manuel Rodríguez, exministro del Medio Ambiente, columnista y director del Foro Nacional Ambiental, quien resume la situación como un problema de control territorial del Estado. Le parece que los colombianos tienen la idea de que un predio bien explotado o ‘limpio’ ya no tiene árboles y que precisamente el Estado fue el que fomentó la colonización a partir de esa idea.
Para Rodríguez, los dos peores problemas ambientales del país, la deforestación y la minería, probablemente están en manos de las mismas mafias. Pero aclara que la deforestación criminal que arrasa miles de hectáreas se debe diferenciar del pequeño finquero que tala y siembra para su propia subsistencia.
Según Ernesto Guhl, investigador ambiental, algo contradictorio estimula la deforestación: las agencias y ministerios del Estado se contraponen en el tema. “Hay un plan maestro de transporte de la región amazónica liderado por la Vicepresidencia, que implica cosas como la hidrovía del Caquetá o el dragado del río Putumayo aguas abajo de Puerto Asís. Esas acciones van en contravía de una política de conservación”, dijo. El investigador tiene la idea de que dentro del Estado hay confusiones grandes sobre el futuro de esas zonas a las que antes no se podía llegar porque el miedo a la guerrilla las protegía.
Voracidad anónima
No vale límite, declaratoria o rango del territorio. No importa que sea Parque Nacional, Reserva de la Nación o Patrimonio de la Humanidad. Las talas avanzan por varios frentes en el Amazonas. Rodrigo Botero, director de la FCDS, dijo que las últimas tierras baratas del país y del mundo están en estas regiones de Colombia. “Hay un fuerte mercado de ‘commodities’ ya saturado en Brasil y Argentina, y por eso llegan aquí inversionistas brasileños, chinos y americanos buscando tierra barata y algún nivel de conectividad”, explicó.
La Marginal de la Selva, opción que declinó el pasado gobierno, tuvo maquinaria abriendo camino por entre el bosque amazónico hasta el primer trimestre de 2018.
“Una hectárea de menos de 10 millones de pesos es barata. Y en nuestra Amazonia, lamentablemente, se consigue de 200.000 pesos para arriba”, agregó. Cualquiera vende la tierra porque nadie la reclama. Y las carreteras ilegales la conectan.
Pero el tema va más allá de la apropiación de la tierra. Se trata de grandes mafias con capacidad para meter en la selva maquinaria que nadie ve pasar por San José del Guaviare, para sembrar palma al borde del río Guaviare, para introducir vacas a un parque nacional como La Macarena o para instalar una cerca de 16 kilómetros con el propósito de seccionar la Reserva Campesina del Guaviare. De manera abierta y descarada tumban la selva, sin que nadie se inmute.
Una carretera fantasma comunica las veredas La Libertad y La Paz, en el municipio de El Retorno, en el Guaviare, muy cerca de la Reserva Nacional Natural Nukak.
Entre 400.000 y 500.000 pesos le pagan a un campesino por talar una hectárea. Un millón cuesta dejarla ‘limpia’, contando los costos de maquinaria y movilización. En mes y medio, dos cuadrillas con 10 motosierras abren un potrero de unas 500 hectáreas: un promedio de 10 hectáreas por día. En tres meses de verano alcanzan a abrir potreros de 800 a 1.000 hectáreas.
El último informe de avance de la deforestación que presentaron el Ministerio del Ambiente y el Ideam, a mediados de 2018, con el estado de los bosques a 2017, hablaba de potreros de 500 a 800 hectáreas en el Amazonas. Es decir, de campos cuyo despeje de selva costó entre 500 y 800 millones de pesos.
Entonces, para Eugenia Ponce de León, abogada asesora para temas de política y legislación ambiental, se trata de una criminalidad organizada, con gran capacidad económica, orientada solo a deforestar, con la expectativa de acaparar tierras y alcanzar grandes ganancias cuando la reserva o el baldío cambien y puedan venderse a un buen precio. Se trataría de una gran industria de la deforestación en sí misma.
Estrategias de refuerzo
Esta semana, el Ministerio de Ambiente anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para crear un consejo nacional de lucha contra la deforestación para atacar este flagelo desde los poderes Ejecutivo y Judicial. Sería la más alta instancia nunca antes dispuesta a enfrentar un problema ambiental de la mayor gravedad.
El viceministro de Ambiente, Roberto Esmeral, explicó que este consejo adelantará acciones ejemplarizantes, tanto administrativas como penales, de diferentes instituciones. Estará integrado por los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia, Minas, la Procuraduría, la Policía Nacional, la Fiscalía y el Comando General de las Fuerzas Militares.
En tanto entra en operación ese organismo, varias entidades desplegaron sus propias estrategias. La Fiscalía, por ejemplo, anunció hace dos semanas que un nuevo equipo de ocho fiscales especializados en lo ambiental investiga las estructuras criminales responsables de la pérdida de bosque en Amazonas, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Guainía, Vaupés y Meta.
La entidad reveló que en el Amazonas operan estructuras residuales disidentes de las desmovilizadas Farc (frentes 1, 7, 14, 16, 40, 48 y 62), el grupo criminal denominado Los Puntilleros y algunas bandas narcotraficantes que coordinan la cadena de producción de estupefacientes. Todos ellos acaban con los bosques mediante el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico.
Dado que la minería ilegal avanza sobre bosques y cuerpos de agua en zonas de alta biodiversidad como el Amazonas y el Chocó, la Policía Nacional y la Embajada de Estados Unidos firmaron un acuerdo por 2 millones de dólares para poner en marcha el primer laboratorio de química ambiental forense de Amé. La idea es que genere acciones que ayuden a controlar y a erradicar la deforestación que provoca la minería ilegal.
El laboratorio analizará la presencia de cianuro y mercurio en agua, suelo y sedimentos, y sus resultados podrán complementar las investigaciones en campo con material probatorio en procesos de judicialización.
La Policía Antinarcóticos, a su vez, dio a conocer su plan ‘Resembrando país’, en alianza con Parques Nacionales Naturales, que luego de las acciones de erradicación de cultivos ilícitos restaurará con nuevas especies las zonas donde antes había coca. La meta es restaurar este año 4.000 hectáreas que alguna vez fueron bosque.
