Acabamos de adoptar un modelo de promoción automática para profesores que, muy seguramente, no nos ayudará a mejorar la calidad de la educación en el país.
Si queremos mejorar las competencias de los estudiantes, primero necesitamos garantizar que nuestros docentes cualifiquen sus procesos de argumentación e interpretación.
Múltiples estudios mundiales confirman que tener un buen sistema de evaluación docente es una condición para mejorar la calidad de la educación. Así lo entendieron de tiempo atrás los países del sudeste asiático, prácticamente todos los vinculados a la OCDE, y, más recientemente, la mayoría de América Latina. Estos últimos, preocupados por los resultados de las pruebas que aplican la Unesco y la OCDE en la región, comenzaron a tomar decisiones para mejorar la calidad.
Sin embargo, ese no parece ser el caso colombiano porque seguimos aplazando las medidas estructurales que se requieren. Principalmente, las relacionadas con cualificar la selección, formación y evaluación de los docentes, reestructurar el currículo, garantizar una educación inicial pertinente y consolidar el liderazgo y la reflexión pedagógica en las instituciones educativas.
De todos es conocido que el anterior sistema de evaluación no contribuía a mejorar la calidad. Los docentes que fueron vinculados después del año 2002 eran sometidos a una evaluación, irónicamente conocida como “evaluación de competencias”, pero en la práctica no tenía nada que ver con ello. Lo que hacía era evaluar conocimientos específicos y disciplinares, que reflejaba muy poco las competencias pedagógicas de los docentes.
La gran mayoría de los aspirantes no aprobaban los ascensos. Además, el resultado de dichas pruebas no le servían al docente, ni a las facultades de educación, ni a las secretarías, ni al ministerio, para mejorar la calidad. Lo que era especialmente grave. Por ello, la pregunta central es si el nuevo sistema acordado entre Fecode y el Ministerio de Educación nos ayudará a mejorar la educación en el país.
El nuevo modelo de evaluación sustituye la prueba escrita por un video que tiene que entregar el docente, la evaluación de desempeño a cargo del rector, la autoevaluación y la evaluación de los estudiantes. Sin embargo, dado que el video representa un 80 por ciento del total y que la evaluación de desempeño ya se venía realizando, es claro que lo que se introdujo fue un intento por reflejar el trabajo del docente en el aula.
La grabación será evaluada por otros docentes y si ellos concluyen que la clase no refleja un nivel adecuado, el docente podrá tomar un curso en una universidad acreditada. De su aprobación dependerá el ascenso.
En términos muy sencillos esto quiere decir que se acaba de decretar la promoción automática para los docentes. A partir de la fecha, prácticamente todos los aspirantes ascenderán en el escalafón, bien porque lo deciden los evaluadores o bien porque aprueban los cursos en las universidades. La anterior es una muy buena noticia para los maestros y para las instituciones, pero muy mala para la calidad de la educación.
Una buena evaluación docente es aquella que define criterios claros y pertinentes, es intersubjetiva, utiliza mecanismos, momentos y fuentes diversas, además de contribuir a cualificar los procesos en curso. Solo la combinación de estos factores la harán más confiable y pertinente. Desafortunadamente, estas condiciones no se cumplen con el video que ha sido recientemente incorporado en la evaluación de docentes.
El video es un mecanismo relativamente adecuado para analizar la didáctica que utiliza el docente. Por ello podría haberse incorporado con algún pequeño porcentaje, como han hecho otros países. No obstante, determinar que este sea el principal mecanismo de evaluación y ascenso, es equivocado. Una grabación refleja la manera que tiene el docente para trabajar un tema particular en un momento dado, pero es muy mal indicador de las competencias que posee para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes.
Un video no permite determinar el nivel de comprehensión del profesor sobre el estudiante, ni el impacto estructural que generan sus mediaciones a nivel cognitivo y valorativo. Por esta razón, si se llegara a utilizar, no debería tener una valoración tan alta y no convendría que fuera el mismo maestro quien decidiera cuál clase, cuál tema y cuándo grabarlo.
Así mismo, la evaluación de docentes debería ser más integral. Para ello sería muy conveniente incluir las pruebas de competencias ciudadanas que actualmente se aplican en las evaluaciones Saber Pro. También articular en mayor medida los avances y la modificabilidad que presentan los estudiantes y las instituciones educativas año tras año, como recientemente hizo el Índice Sintético de Evaluación de la Calidad. En mayor medida si contamos con la institución con mayor fortaleza en América Latina para la evaluación de competencias que es el Icfes.
Si queremos mejorar las competencias de los estudiantes, primero necesitamos garantizar que nuestros docentes cualifiquen sus procesos de argumentación e interpretación. Una medida muy sencilla sería exigir a los docentes resultados muy satisfactorios en las mismas pruebas Saber que presentan sus propios estudiantes.
Si queremos que la educación nos ayude a consolidar la paz, no podemos dejar de lado su carácter integral. El propósito será imposible de lograr si los maestros siguen obteniendo el peor puntaje en las pruebas de lectura crítica y de competencias ciudadanas frente a los demás profesionales del país. Hay que concertar de manera urgente con las facultades de educación un programa de reestructuración pedagógica, en lugar de premiarlas trasladándoles el sistema de ascensos de los maestros del país, tal como acaba de suceder.
Lo grave es que todos los estudios latinoamericanos indican que los cursos que realizan los docentes en las universidades no mejoran la calidad de la educación básica. La explicación es muy sencilla. Lo que se enseña en la universidad no desarrolla las competencias que requieren los docentes en el aula para enseñarles a los estudiantes a pensar, convivir y comunicarse con los otros.
Por lo general las facultades de educación en Colombia no desarrollan en los docentes las competencias para leer de manera crítica, resolver conflictos o razonar cuantitativamente. Por ello, a pesar de la generalización de los estudios de maestría entre los docentes del país, no hemos podido mejorar la calidad de la educación básica en las dos últimas décadas.
Hace muy poco se publicaron los resultados del último estudio latinoamericano sobre calidad de la educación básica realizado por la Unesco. Es el Tercer Estudio Regional de la Calidad de la Educación (TERCE). Allí se concluye que Brasil y Chile, que diez años antes alcanzaban mejores resultados que Colombia, ahora aumentan la ventaja frente al país. Así mismo, los países que tenían peores resultados que Colombia diez años atrás, como Ecuador, México y Perú, nos alcanzan y sobrepasan.
La explicación es muy clara: la mayoría de países latinoamericanos ha venido tomando, en la última década, medidas estructurales para mejorar la calidad de su educación. Chile reestructuró el currículo, amplió la jornada y transformó los sistemas de formación de los docentes. México, Ecuador y Perú, decretaron diversos y completos sistemas de evaluación de instituciones educativas, directores y docentes, al tiempo que transformaron la formación de éstos en las universidades. También cualificaron sensiblemente las condiciones laborales de docentes y directivos que se sometieran a completos y pertinentes sistemas de evaluación.
Por el contrario, en Colombia acabamos de decretar la promoción automática para los docentes. Felicitaciones para los maestros del país: es extraordinario que tengan mejores ingresos, pero una vez más, quedará sacrificada la calidad. Para nadie debería ser un misterio que si los docentes filman videos y contratan expertos para que les ayuden a hacerlo de la mejor manera posible, eso no mejorará la calidad de la educación que reciben los estudiantes en el país.
