Se necesitan más esfuerzos, tanto de la familia como del Gobierno, para proteger a niños y niñas.
Entre marzo y mayo se registraron 838 casos de violencia intrafamiliar contra menores.
Desde antes que la covid 19 atacara al mundo, el país venía presentando índices muy alarmantes de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, pero por primera vez en la historia, el Gobierno había posicionado el tema con metas ambiciosas dentro del Plan de Desarrollo y mediante la Alianza Nacional contra la Violencia hacia la Niñez.
En agosto de 2019 se marcó un hito para movilizar a toda la sociedad hacia un cambio cultural que asegurara el éxito de una potencial y muy necesaria política pública.
Ese proceso se construiría sobre la oferta programática e institucionalidad existentes, y adoptaría el marco de referencia INSPIRE, del Global Partnership to end Violence, un conjunto de 7 estrategias que, puestas en marcha de manera concurrente, han probado ser efectivas en el mundo. Cubren por ejemplo, aspectos institucionales y de marco legal, de promoción de entornos protectores y habilidades de auto cuidado, de abordaje de normas sociales y de atención oportuna e integral.
Los procesos de política pública suelen ser largos y complejos. Ha habido avances en algunos aspectos, también retrocesos. Vale la pena detenerse en dos.
Promoción de entornos protectores y habilidades de auto cuidado
La prevención y atención de la violencia para el restablecimiento de derechos en Colombia está en manos de dos autoridades administrativas: las Comisarías y las Defensorías de Familia.
Las primeras están adscritas a los Entes Territoriales y tienen presencia en alrededor del 85% del país, y las segundas son Planta Global del ICBF y tienen presencia en los 214 centros donde esta entidad tiene presencia (menos del 20 % del territorio).
A finales de 2019, la Procuraduría presentó al país el resultado de la Segunda Vigilancia Superior de las Comisarías que, si bien confirma la precariedad de su operación en una gran mayoría de municipios pobres, ante todo reitera la necesidad de contar con un ente rector que las articule.
Abordar este problema estructural de gobernanza es crítico y, más que definir quién les dicta lineamientos para unificar criterios y jurisprudencia, y ahondar en sinergia con las Defensorías, aportaría a la rendición de cuentas.
El Procurador General ha venido trabajando en un necesario proyecto de reforma, que aborda además, la asignación de funciones de policía judicial.
Resolver la escalofriante impunidad en los casos de violencia contra los niños demanda una atención oportuna de los casos.
La reducción en los tiempos de respuesta de la línea 141 del ICBF de más de 50 días a menos de 3, fue un gran logro de este Gobierno. Hay que persistir en llegar oportunamente al lugar de los hechos, de forma coordinada, para recolectar pruebas robustas.
El Grupo Intersectorial Especializado entre Fiscalía, Policía, MinJusticia e ICBF es la respuesta, pero todos sus miembros tienen que tener un control de mando definido para que funcione. Faltaría un doliente para el responsable de la atención en más del 80% del país.
Esto es un asunto de política pública neurálgico que confirma que la violencia contra los niños no se puede limitar a un subcapítulo del Conpes 3992 de salud mental aprobado el pasado abril.
El segundo aspecto tiene que ver con la prevención. Una de las más arraigadas normas sociales en nuestro país es que el castigo físico es efectivo para corregir y educar a los hijos. El 52% de los niños en Colombia recibe algún golpe de sus padres como castigo.
Una de las más arraigadas normas sociales en nuestro país es que el castigo físico
Las consecuencias de estos golpes están científicamente comprobadas: no modula el comportamiento, desdibuja el vínculo de afecto y rompe lazos de apego. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que en Colombia, los niños castigados pueden perder hasta 4 meses de desarrollo cognitivo en un lapso de 2 años.
Con el espíritu de agotar todos los mecanismos para cerrar filas contra esta norma social, la Alianza por la Niñez y el ICBF identificaron que el Artículo 262 del Código Civil deja abierta la posibilidad de castigar "moderadamente" a los hijos.
Se busca eliminar esta ambigüedad sin duplicar la ley (el maltrato está prohibido) ni quitar autonomía para penalizar a los padres.
Si bien en su primer debate el proyecto fue aprobado por unanimidad, el jueves pasado estuvo a punto de ser archivado pues un grupo minoritario argumenta que la crianza es un asunto privado. Se acordó crear una subcomisión para revisar el texto. Será un debate que amerita toda la atención.
El ejemplo de autoritarismo comienza desde la casa. Ese cambio de norma social es fundamental para que tengamos una sociedad donde las nuevas generaciones crezcan sin resentimientos a no haber tenido voz, a no haber podido ser. Un gran paso hacia mayor salud mental. No es un asunto privado.
