Ante la suspensión del programa Ser Pilo Paga, el país tiene una oportunidad de oro: invertir esos recursos en las universidades públicas regionales para garantizar el derecho a la educación de más estudiantes, crear nuevos polos de desarrollo y construir la paz.
Julián de Zubiría explica como el 90% de los jóvenes de estrato uno no continúan sus estudios de educación superior. Un debate sobre las universidades públicas.
Los medios de comunicación han hecho creer a muchas personas que las universidades públicas, supuestamente, son de calidad baja y alto costo para el Estado. Lo dicen y lo repiten; y todos sabemos que las mentiras y las medias verdades que se reiteran tienden a creerse como verdades y a hacer parte de las narrativas culturales. Sin embargo, esa afirmación sobre nuestras universidades encuentra poco sustento en la realidad.
El imaginario que han creado los medios es que las universidades públicas permanecen cerradas por huelgas, que los semestres se alargan y se cancelan, que son centros de adoctrinamiento terrorista, que los jóvenes aprenden poco y que le cuestan mucho dinero al Estado. De cara a este supuesto, hay que hacer conciencia de que existe un claro interés en un sector económico y político del país por apoderarse de los recursos de la universidad pública. Ser Pilo Paga fue un buen ejemplo de esta estrategia. Lo mismo ya pasó en el país con la salud, las pensiones, el transporte y diversos sectores económicos. En las pensiones, por ejemplo, antes de captar ingenuos que se trasladaran del sector público al privado, inundaron los medios de mentiras y difamaciones contra el seguro social. Dijeron que se iba a acabar, que era inviable y que terminaría quebrado. El objetivo era uno solo: atemorizar a la población para presionar su traslado a los fondos privados. La estrategia ha sido casi siempre la misma: el miedo como arma oculta. Hoy vemos miles de profesionales que comenzaron a recibir pensiones de miseria, equivalentes a salarios mínimos, mientras los grandes grupos financieros acrecientan su capital.
Algo similar están intentando hacer con la educación pública. Ya iniciaron la estrategia. En la mayor parte de los medios de comunicación debilitan, estigmatizan y desprestigian a la universidad pública. El objetivo es uno solo: controlar sus recursos y apoderarse del mercado. La estrategia es la misma: el miedo.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que resulta difícil comparar la calidad de universidades que trabajan con jóvenes de estratos, contextos socioculturales y regiones diferentes. En sentido estricto, no son comparables porque trabajan con individuos con capitales sociales y culturales demasiado diversos. También resulta poco pertinente comparar universidades con niveles de especialización y énfasis diferentes (técnica, pregrado, maestría o doctorado). Sencillamente, no es posible. Si no se tiene en cuenta lo señalado, la comparación y los rankings resultan totalmente arbitrarios, como actualmente está sucediendo en nuestro medio.
Lo segundo que hay que considerar es que dos instituciones se podrían comparar por múltiples criterios y que hay que tener en cuenta cuál resulta más pertinente para el fin buscado.
En contra de lo que suele creer la mayoría de la población, en la Universidad Nacional no se ha suspendido un solo semestre desde hace 19 años, pero los medios siguen dando la idea de que allí no hay continuidad académica. Es más, no hubo ningún cierre de más de un día durante los cinco años que duró el proceso de paz, pero los medios no registran estas noticias. ¿Por qué será?
Para hacernos creer que las privadas son de mayor calidad que las públicas, los medios masivos de comunicación recurren a los resultados de las pruebas SABER PRO, en las cuales es más alta la presencia de las universidades privadas de élite en los lugares destacados. Pero resulta que de todos los indicadores con los que cuenta la sociedad, éste sería el menos pertinente para evaluar la calidad de una institución de educación superior por una razón muy sencilla: no tiene en cuenta el nivel en el que ingresaron los estudiantes. Sería similar a que, en una competencia de 100 metros, eligiéramos a los ganadores permitiendo que algunos de los corredores salieran 80 metros adelante y otros 50, en tanto que a la mayoría se le exigiera partir desde la raya. Eso lo saben los medios de comunicación, los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y los directivos de las instituciones. Sin embargo, lo ocultan para favorecer a las privadas de élite que seleccionan sus estudiantes en el quintil más alto según los resultados de las pruebas SABER 11.
Para corregir el problema de las pruebas SABER PRO, que no tienen en cuenta el nivel de las competencias con las que ingresan los estudiantes, se han creado las pruebas de valor agregado. Las creó el propio MEN. El problema es que las mantiene bajo llave, cuando deberían ser de acceso público. Éstas establecen la diferencia entre el valor alcanzado al ingresar a la universidad y el que obtiene al salir. Es sensiblemente mejor que tener sólo en cuenta el valor alcanzado en SABER PRO, ya que nos permite ver cuáles son las que más logran impactar a sus estudiantes en lectura crítica, y razonamiento cuantitativo. Como son las mismas competencias en SABER once y SABER Pro, podemos ver qué tanto agrega la universidad en cada una de las competencias.
Si tuviéramos en cuenta las pruebas creadas por el propio MEN, de las cinco universidades que más valor agregan en lectura crítica, tres de ellas son públicas y dos privadas. Es de destacar que algunas de las universidades más famosas del país son desplazadas a lugares muy bajos de la tabla, en tanto que otras, relativamente poco conocidas, ascienden muchos puestos. Lo anterior sucede porque la mayoría de las privadas muy famosas reciben estudiantes con un puntaje muy alto en SABER 11 y terminan agregando muy poco valor, en tanto algunas universidades oficiales reciben estudiantes con bajos puntajes SABER 11 y bajo capital cultural, los cuales logran mejorar de manera significativa durante su tránsito por la universidad. La excepción la constituyen dos universidades oficiales: la de Antioquia y la Nacional, las cuales, aunque reciben estudiantes con puntajes relativamente altos en SABER 11, adicionalmente, agregan mucho valor. Este es el listado creado por el propio MEN:
Si usáramos como criterio el construido por Sapiens Research Group, el de las universidades que más apropian socialmente el conocimiento, para el año 2018, ocho de las diez mejores universidades serían públicas y la lista la encabezarían la Nacional y la de Antioquia. Si utilizáramos el criterio de procesos de innovación e investigación que construye el SCimago, el más respetado por los investigadores y el cual combina indicadores de publicaciones, investigadores y patentes; para el año 2018, nuevamente tres de las cinco universidades son públicas y la lista la siguen encabezando la Universidad Nacional y la de Antioquia. Un solo dato ilustrativo: la Nacional cuenta con 585 grupos de investigación reconocidos por Colciencias y, en el año anterior, alcanzó 1.451 artículos publicados en revistas indexadas.
Sin embargo, el criterio más importante sigue siendo el valor agregado, ya que ese es el sentido más importante de una universidad: garantizar que el trabajo que se realice en sus aulas impacte de manera profunda y estructural en las maneras de pensar, sentir y actuar de los estudiantes. En estas pruebas, para el caso de lectura crítica –como hecho muy significativo– las universidades que alcanzan mayor impacto son las universidades públicas.
Las anteriores reflexiones son esenciales si se tiene en cuenta que el gobierno de Iván Duque acaba de suspender el programa Ser Pilo Paga, mediante el cual se venían transfiriendo de manera masiva los recursos públicos hacia unas muy pocas universidades privadas. Ojalá el nuevo gobierno escuche el clamor de profesores y estudiantes de las universidades públicas. La mayoría de ellas se encuentra en asamblea permanente, exigiendo el derecho a la educación. La desfinanciación de las universidades públicas está tocando fondo, mientras, equivocadamente, veníamos invirtiendo cerca de un billón de pesos anuales en tan solo el 2% de los egresados de la educación media. Ningún padre de familia que tenga cien hijos, alimenta bien a los dos mayores, en tanto les da agüepanela con pan a todos los demás. El Estado colombiano lo ha estado haciendo.
En Colombia, el 90% de los jóvenes que pertenecen al estrato uno no continúan sus estudios en la educación superior. Cada año, 300.000 jóvenes que culminan su educación media frustran sus sueños y se ven condenados a continuar en la pobreza y la marginalidad. El gobierno de Juan Manuel Santos brindó apoyo tan sólo a 10.000 de ellos cada año. A este paso nos demoraríamos más de un siglo para poder garantizar el derecho a estudiar de la gran mayoría de la población.
La invitación al nuevo gobierno es a que, con los mismos recursos de Ser Pilo Paga, se decida a apoyar cada año a 40.000 jóvenes en las universidades públicas regionales. Si seleccionamos unas seis de ellas y las fortalecemos con recursos económicos, con excelentes estudiantes de las regiones aledañas; si les quitamos estas universidades a los caciques políticos, si las cualificamos a nivel administrativo y si impulsamos profundos procesos de renovación pedagógica –contando con el apoyo de las extraordinarias universidades públicas nacionales–, lograremos consolidar el derecho a la educación de cada vez más jóvenes pobres en el país.
La enorme ventaja es que el país cuenta con excelentes universidades oficiales que están agregando mucho valor y que, si las impulsamos, nos ayudarán a fortalecer el derecho a la educación, a crear nuevos polos regionales de desarrollo y a construir la paz. Sin duda, “sí se puede” y tenemos ahora una oportunidad de oro para hacerlo: la supresión del programa Ser Pilo Paga. Esos recursos le pertenecen a la educación y allí deben seguir, sólo que ahora tendrán impactos sociales y educativos significativamente mayores al invertirlos en las universidades públicas regionales.
