Se prevé que en septiembre inicien los primeros pilotos en municipios no COVID.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó en el decreto 1168 que se emitió por parte del Gobierno Nacional en esta nueva etapa del aislamiento selectivo, no afecta los temas de educación bajo el modelo de alternancia, ya que todo depende de que la región presente una propuesta al Ministerio de Educación, que es revisada junto con un comité científico.
De acuerdo con la funcionaria, desde el pasado mes de julio se viene trabajando en los lineamientos para un regreso gradual y progresivo en 30 entidades territoriales, entre ellas varias comunidades indígenas que manifestaron su intención de retomar clases, mientras se prevé que en septiembre inicien los primeros pilotos en municipios no COVID.
"Hemos emitimos los lineamientos, luego entregamos los recursos para cumplir con todos los protocolos seguridad a todas las Secretarías de educación y ahora estamos trabajando en la estructuración de los pilotajes para el regreso a clases con alternancia", reveló la ministra.
Explicó que para el regreso a clases, se debe enviar al Ministerio una solicitud por parte de Secretaría de Educación, en la que se detallen los protocolos que se implementarán para cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar contagios de la COVID-19.
"Nosotros (junto con un comité científico) revisamos que estén todas las condiciones para que podamos hacer un retorno gradual y progresivo, pero como siempre la ha mencionado el presidente Iván Duque, allí la decisión para que el niño regrese a la institución educativa es de la familia, maestros, directivos, niños y jóvenes y de todos nosotros, para lograr tales condiciones de bioseguridad", indicó.
La ministra Angulo concluyó que las Secretarías "deben continuar con el trabajo que hemos venido haciendo (muy armónico), ya tenemos procesos que han iniciado por ejemplo en Antioquia y ya está andando. La idea es hacerlo en todos los rincones del país con todo el rigor y el cuidado".
A la fecha, el Ministerio de Educación ha girado más de 92.000 millones de pesos a los colegios oficiales del país para la implementación de protocolos de bioseguridad.
