El país está en mora de hacer cumplir la Constitución y las normas que establecen la obligatoriedad de la educación desde los 5 hasta los 15 años de edad. En Colombia más de un millón y medio de niños y adolescentes no asisten a la escuela y no pasa nada.
Basta viajar por las carreteras nacionales o recorrer las ciudades y pueblos de Colombia, para encontrar miles de niños y adolescentes que, en horas escolares, venden productos en las calles, piden limosnas, consumen drogas, y algunos, ya son una amenaza para la sociedad.
También es una vergüenza para el país conocer, de acuerdo con el DANE, que al finalizar el año 2016 la tasa de trabajo infantil (entre 5 y 17 años de edad) en el país fue 7,8%, es decir 867.000 niños y adolescentes estaban trabajando; más grave, 358.000 tenían entre 5 y 14 años de edad. En las áreas urbanas la tasa de trabajo infantil era de 5,7% y en el sector rural 13,6%. Por género 10,2% para los hombres y 5,1% mujeres.
Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, MEN, sostuvo en la rendición de cuentas del año 2016, que la tasa de deserción escolar para la educación básica y media fue de 3,74%, la más baja en los últimos 10 años, lo cual no oculta el hecho que 374.536 estudiantes abandonaron el sistema escolar antes de finalizar el año escolar.
Además, los datos del DANE sobre educación formal señalan que el total de la matrícula en el sector oficial disminuyó en 1.044.399 estudiantes entre 2010 y 2016, es decir que decreció un 9,5 por ciento. Este punto es muy importante porque se demuestra que existe la oferta pública para atender por lo menos un millón de los niños y adolescentes que están por fuera del sistema educativo, además entre el 2010 y el 2016 se adicionó en más de 10.000 docentes la planta de maestros financiada con recursos nacionales.
En total, durante el año 2016, cerca de un millón y medio de niños y adolescentes entre 5 y 16 años de edad no asistieron a la educación básica y media. Estos datos van en contravía de la Constitución Nacional que estableció, en el artículo 67: “el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”. Aclaro, si la exigencia es hasta los 15 años, en ese momento los muchachos deben estar matriculados en el grado decimo, cuando ellos tienen una trayectoria normal por el sistema educativo: entrar a los 5 años al grado de transición y no repetir año escolar o desertar y volver.
Además, la Ley 1753 de 2015, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo, del actual Gobierno, determinó en el artículo 55 la obligatoriedad de la educación media, para lo cual el Estado debe adelantar las acciones tendientes a asegurar la cobertura con gradualidad hasta el grado once (11) en todos los establecimientos educativos. Sin embargo, fue desafortunado que dicho artículo extendiera la exigencia de obligar a los adolescentes a estudiar los grados 10 y 11, hasta el año 2025 en las zonas urbanas y 2030 para las zonas rurales.
A pesar de las normas citadas que tienen origen constitucional, en el año 2016 para cerca de 1.500.000 niños y adolescentes la sociedad y el gobierno no se comprometieron a fondo en garantizar y exigir para ellos el cumplimiento del derecho a la educación, esta situación sigue igual en el 2017. Tampoco hubo investigaciones o sanciones para padres de familia o acudientes irresponsables (la educación oficial es gratuita e incluye otros bienes y servicios por los que no se cobra) que cohonestan para que sus hijos no asistan o ayudan a la explotación económica de los niños y adolescentes.
Hoy conocemos que las trampas de la pobreza y la repetición de ciclos de vida, nada ejemplares, al interior de algunas familias o de grupos sociales se transmiten y se reproducen de manera más fácil, cuando desde la primera infancia, la niñez y la adolescencia no se accede a oportunidades de desarrollo fundamentales para la vida, como una adecuada nutrición, servicios de salud y una educación básica y media de buena calidad.
El Gobierno y las autoridades educativas están en la obligación, con la ayuda de los docentes y los colegios, de promover y fortalecer acciones para incentivar la matrícula de todos los niños y adolescentes entre 5 y 16 años, esto conviene al conjunto de la sociedad. Insisto, la educación debería ser un punto de encuentro, de inclusión social y de oportunidades no sólo para el trabajo, también para la vida, el arte y la convivencia ciudadana.
El Estado, los gobiernos, la justicia, los medios de comunicación y en general la sociedad están en mora de empezar a reprochar y a sancionar a los adultos que obstaculicen bajo cualquier forma o excusa el acceso a la educación de los niños y adolescentes, ellos deben gozar de toda clase de protecciones y cuidados. Nadie se beneficia de semejante cantidad de niños y adolescentes por fuera del sistema educativo, sin futuro alguno. No todo es culpa de la pobreza o la guerra, puede existir desidia personal o familiar en algunos casos.
