Lucha por un sistema público de colegios, universidades e instituciones de formación no es reciente.
El acceso a la educación por parte del conjunto de la población ha sido una de las aspiraciones centrales del proyecto republicano. En efecto, desde las primeras décadas del siglo XIX existió un vínculo estrecho entre la enseñanza pública y la consolidación de la independencia política.
Fue así como, fundada la Antigua República de Colombia, se hizo un gran esfuerzo por difundir la escolaridad y transformar los contenidos de la enseñanza respecto de aquellos que habían sido dominantes en el período colonial.
A la vez, se concibió todo un sistema público de enseñanza –la llamada instrucción pública– que, como pocas veces, recibió sobre sus hombros las esperanzas y proyecciones políticas, económicas y culturales del país naciente.
De acuerdo con un conjunto amplio de leyes y decretos que se promulgaron desde 1821, las escuelas de primeras letras tendrían entre sus funciones formar ciudadanos virtuosos que compartieran los nuevos valores políticos, los principios rectores de la moral católica y estuvieran dispuestos a tomar las armas, de ser necesario, para defender la república.
Por su parte, la educación secundaria, colegios y universidades, abrirían espacios nuevos para saberes científicos y técnicos capaces de reactivar la economía luego de la guerra.
El proyecto educativo se encargaría de difundir a lo largo y ancho del territorio las dos habilidades esenciales requeridas para poder ejercer plenamente la ciudadanía y el derecho al voto: leer y escribir. El plazo para instruir a la población era corto, la Constitución de Cúcuta (1821) previó exigir la alfabetización a todos los ciudadanos a partir de 1830. Poco después, la Constitución granadina de 1832 fijó un plazo de 18 años (1850) para requerirla como condición de una ciudadanía activa.
Como si esto fuera poco, el proyecto educativo propiciaría el conocimiento de los derechos y deberes del ciudadano. Para Santander, la instrucción pública era la base para “la felicidad de los pueblos que, cuando más ilustrados, conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad”.
La meta fue ambiciosa; según la Ley del 6 de Agosto de 1821 debía fundarse una escuela primaria para niños por cada parroquia o por cada población mayor de cien habitantes. Adicionalmente, entre 1821 y 1828 se ordenó la creación de Escuelas Normales en Bogotá, Caracas y Quito, así como de universidades en las capitales de los departamentos.
Un cambio de esta envergadura no podía ser fácil ni mucho menos armónico. Provocó conflictos profundos con la Iglesia y con las comunidades religiosas que durante siglos habían mantenido el control del campo educativo y, sobre todo, trajo enormes dificultades de implementación.
Por estar costeando una guerra, un Estado, en crisis financiera, no podía sacar del bolsillo a los maestros, las cartillas y los espacios que permitirían poner en marcha el proyecto educativo.
Por esto, fue fundamental el rol de las comunidades locales al intentar financiar y poner en marcha el proyecto desde las provincias y las poblaciones.
Los catecismos ciudadanos y la enseñanza de la constitución en las escuelas primarias fueron parte fundamental de la formación
Aprender más allá de los cuidados domésticos
Hasta mediados del siglo XVIII el término “educación” estuvo relacionado principalmente con el cuidado domestico de los niños. De ahí que se le asocie con tener “buena” o “mala” educación. Por otro lado, el concepto de “instrucción” se refería a la transmisión de información y valores necesarios para desempeñar correctamente sus responsabilidades. Por ejemplo, el capuchino Joaquín de Finestrad escribió El vasallo instruido (c.1783) luego de la Rebelión de los Comuneros, porque buscaba instruir perfectamente a los neogranadinos en el amor al Rey.
Poco antes había aparecido un cambio notable en la manera de percibir la instrucción del pueblo. El Conde de Campomanes, Ministro de Hacienda de Carlos III, publicó en 1775 el Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento, en el que argumentó la necesidad de instruir en sus respectivas profesiones a los artesanos para que contribuyeran al progreso material. Este texto inspiró al Cabildo de Santafé a reformar los gremios locales.
Al final del periodo colonial las escuelas simultáneamente instruían –o impartían conocimientos rudimentarios como leer, escribir y hacer las operaciones matemáticas básicas– y educaban –o moldeaban las costumbres de los súbditos–.
Para el momento de la independencia, los sentidos de instrucción y educación eran casi sinónimos. Uno y otro designaron la intención de formar ciudadanos de la república. Pero, como señaló el pedagogo venezolano Simón Rodríguez, “Instruir no es educar. Ni la instrucción puede ser equivalente a la educación, aunque instruyendo se eduque” (1834).
La diferencia entre los términos en los diccionarios se consolidó al final del siglo XIX. La educación se entendió como la formación del desarrollo de las facultades físicas, espirituales, intelectuales y morales del individuo, mientras que la instrucción se redujo al proceso de la transmisión de información. No sorprende entonces que la Ley Orgánica de 1870 señalara: “La enseñanza en las escuelas no se limitará a la instrucción, sino que comprenderá el desarrollo de todas las facultades del alma, de los sentidos y de las fuerzas del cuerpo”.
La tarea de instruir en ciudadanía
En los primeros años del período republicano, los catecismos ciudadanos y la enseñanza de la constitución en las escuelas primarias fueron parte fundamental de la formación de los nuevos ciudadanos.
El Catecismo o instrucción popular, publicado en 1814 por el cura Juan Fernández Sotomayor, se trataba de un texto realmente revolucionario. Tenía la tarea de instruir a jóvenes y niños –a través de preguntas y respuestas– sobre el derecho de los hombres nacidos en América a gobernarse a sí mismos. Para el cura era claro que la independencia se ganaba también con las palabras.
No sería el único texto semejante que aparecería en América por esa época. Los catecismos de instrucción cívica y política no tardaron en convertirse en vehículos para divulgar las ideas de las nuevas constituciones.
Para la década de 1820, el Gobierno de la República de Colombia declaró que la enseñanza de la constitución debía hacerse a través de un catecismo político redactado específicamente “para el uso de las escuelas primarias”.
En sus páginas se daba respuesta a preguntas que aún hoy son pertinentes: ¿qué es la Constitución?, ¿Quiénes son ciudadanos? o ¿Tiene dueño esta república? También se debatía el alcance de las libertades individuales y el deber del Estado de protegerlas.
La práctica de usar los catecismos para instruir continuó durante el siglo XIX. Junto con manuales de conducta, como el bien conocido Manual de urbanidad de Carreño, serían utilizados en las aulas para formar a las nuevas generaciones.
No sería una medida desinteresada. Los gobiernos de turno verían en la enseñanza primaria y en los catecismos ciudadanos una oportunidad para luchar y proteger sus proyectos políticos.
Es difícil saber cómo circularon y qué tanto fueron leídos estos textos. Pero debemos advertir que en el siglo XIX las prácticas de lectura y de enseñanza (diferentes a las de hoy) permitieron a personas que no sabían leer o escribir acceder a los catecismos y aprender sus ideas.
Textos similares fueron leídos a viva voz, para ser repetidos o memorizados por estudiantes en las aulas de clase; otros fueron recitados por madres y padres a sus hijos e hijas en la privacidad del hogar.
Independientemente de cómo se hayan leído y por dónde hayan circulado, los catecismos republicanos y los manuales de instrucción cívica lograron mantener viva la conexión entre educación y ciudadanía que tanto se promovió en las primeras décadas republicanas.
