En Golondrinas y en el cerro Cristo Rey se reavivaron los incendios.
Contenido cierto
La Amazonia –que produce el 20 % del oxígeno que respiramos y alberga el 10 % de todas las especies de animales y plantas que conocemos– acaparó la atención del mundo por los más de 75.000 focos activos de incendios que van en lo corrido del año.
Si las enormes llamas estuviesen aquí, ¿Colombia contaría con la capacidad para reaccionar o, mejor aún, de prevenir un escenario como este que se salga de control? Para el congresista Mauricio Toro, del partido Alianza Verde, la respuesta es un no rotundo. “No tenemos una política unificada, sino atomizada –dice–. No hay una ruta de atención clara, ni un doliente con responsabilidades, ni acciones coordinadas para la detección temprana y atención de incendios en el país”.
Ante ese escenario, el funcionario radicará hoy un proyecto de ley en torno al manejo integral del fuego. El Grupo de Investigación en Ecología del Paisaje y Modelación de Ecosistemas, de la Universidad Nacional, dirigido por la doctora Dolors Armenteras, se acercó al Congreso de la República, siete meses atrás, en aras de aportar desde el conocimiento científico y la recopilación de experiencias locales a la formulación de una propuesta normativa más robusta y actualizada.
El documento conocido por EL TIEMPO hace énfasis en tres componentes transversales: corresponsabilidad social, investigación y educación ambiental.
El “manejo integral del fuego” que aborda el proyecto de ley no se refiere a políticas basadas en la supresión, sino en la comprensión de este. El documento incluye el conocimiento de los campesinos, indígenas y afrodescendientes en el uso y manejo del fuego, pues “las políticas en torno a este tema no pueden responder solo a preocupaciones ecológicas, desconociendo las prácticas territoriales, ya que se ha mostrado que solo la criminalización conlleva conflictos socioambientales”, se lee.
Armenteras –quien trabajó junto con las científicas María Constanza Meza y Tania Marisol González–, lleva varios años intentando entender el fenómeno de fuegos en Colombia. En sus investigaciones señala que la propagación de incendios está típicamente relacionada con la deforestación y las prácticas de manejo para agricultura y ganadería, pero también con la tenencia y adquisición de la tierra, particularmente en “bosques previamente fragmentados”.
Según le explica a este diario, todavía no se puede decir con certeza cuáles son las afectaciones de los incendios a la biodiversidad, aunque dependiendo de la intensidad pueden ir desde cambios en la diversidad, desaparición de especies y extinción de poblaciones locales hasta migración de los animales y pérdida total de hábitats y de servicios ecosistémicos que en última instancia afectan a los humanos. Por eso considera “vital implementar sistemas de monitoreo en tiempo real y una respuesta inmediata para cuando llegan las alertas de esos fuegos que pueden estar asociadas a actividades ilegales”.
Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según el documento, se le exigiría implementar medidas para evaluar los impactos generados por los incendios forestales y medir las emisiones atmosféricas de esta actividad; mientras que el Ministerio de Agricultura tendría la responsabilidad de “promover una transición paulatina del uso del fuego en sistemas agrícolas y pecuarios, incorporar el conocimiento sobre el fenómeno del cambio climático en las estrategias de manejo del fuego sobre los ecosistemas forestales y permitir en proyectos productivos el establecimiento de barreras cortafuego”.
El objetivo de la ley, al final, es contribuir a la conservación, la planificación para el desarrollo seguro y sostenible, así como la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas. En esa medida, “se declara de prioridad nacional e importancia estratégica para la conservación del patrimonio forestal del país la prevención de incendios forestales”.
“En Colombia, el segundo país más biodiverso del planeta, toca esperar a que se incendie el bosque para reaccionar, si es que reaccionamos. No hay articulación de nada; los bomberos solo actúan cuando ya hay las llamas y la vida de la población está en riesgo, la Defensa Civil depende del llamado de los alcaldes, los alcaldes dicen que no tienen recursos económicos, y Parques, que no tiene personal”, resume Toro.Las áreas protegidas y el fuego
Las áreas protegidas juegan un papel importante en el proyecto de ley, en el cual se priorizan el Área de Manejo Especial de la Macarena, la Reserva de la Biosfera de El Tuparro, las zonas Ramsar Vía Parque Isla de Salamanca, Ciénaga Grande y Sierra Nevada de Santa Marta, “con la finalidad de combatir los eventos de manera oportuna”.
¿Pero cómo va a responder Parques Nacionales Naturales (PNN), que tiene un bolsillo enflaquecido y pocos funcionarios para territorios extensiones? ¿El personal está capacitado? ¿Cuentan con la tecnología necesaria? Toro dice que, precisamente, esa es la raíz de la ley: unificar a todos los actores con una política que les delegue funciones, presupuesto, obligaciones y herramientas.
Entre enero y junio de este año, según los datos más actualizados del PNN, se han afectado 195.476 hectáreas –equivalentes a 4.542 focos y 248 alertas
En la realidad, el escenario no es tan simple. Los 59 PNN representan un área de 17’541.489 hectáreas –con más de 19.200 especies de animales y plantas– que son vigiladas, directamente en campo, por cerca de 900 funcionarios. Si se incluyen los Distritos de Manejo Integrado de Yuruparí-Malpelo, Cabo Manglares y Cinaruco, también administrados por Parques, la cifra asciende a 20 millones de hectáreas.
A grandes rasgos, a un solo guardaparque le corresponden 22.000 hectáreas. Pero el asunto no acaba ahí: “Máximo 15 personas están capacitadas para atender incendios forestales”, dice Carlos Ortegón, profesional especializado en gestión del riesgo dentro de PNN.
Incendio en Vía Isla Salamanca. 52 brigadistas atienden el incendio forestal que se presenta desde el domingo en la tarde.
PNN
De acuerdo con Ortegón, se necesita no solo capacitación sino dotación de equipos para los funcionarios, más presupuesto para hacer investigación y monitoreo. “En las áreas protegidas, la atención inmediata es muy difícil por el tamaño de las áreas, las dificultades de acceso y los problemas de orden público”, indica. “Procuramos articularnos con los alcaldes y gobernadores, pero pueden tardar hasta dos días en llegar al punto donde ocurre el incendio, o ni siquiera tienen plata para la gasolina, o no tienen contratos con Bomberos, o no hay gente para asistir la emergencia”.
Actualmente, 49 áreas protegidas presentan un nivel de amenaza de incendios de cobertura vegetal, pero 15 son especialmente vulnerables. Entre enero y junio de este año, según los datos más actualizados del PNN, se han afectado 195.476 hectáreas –equivalentes a 4.542 focos y 248 alertas–. Los casos de Cinaruco, El Tuparro y Sierra de La Macarena son los más críticos, “aunque en Chiribiquete, Katíos, Tinigua, Paramillo y Cocuy tampoco hay capacidad de reacción”.
Para Ortegón, la normativa se queda corta frente a los desafíos actuales, pero lo más importante, dice, es “la pedagogía, la conciencia social y aplicar la ley”. Es en estas mismas áreas protegidas donde en la última década han sido asesinados 11 funcionarios, hay 7.844 hectáreas de coca sembradas y se arrasó con 21.046 hectáreas de bosque natural en el último año.
